Garamendi (CEOE) se desentiende en Bruselas de las demandas de Telefónica contra los Google y Netflix
Los operadores de telefonía generan en España una cantidad de empleo al que no se acercan las grandes tecnológicas
El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi. EFE/Jorge Zapata
La gran patronal española CEOE ha hecho una importante bomba de humo en la polémica abierta entre los operadores de telefonía y las grandes compañías tecnológicas a cuenta de las contribuciones justas para colaborar en la inversión de redes. Se pone completamente de perfil, sin mostrar ningún apoyo al gran campeón nacional, en este caso Telefónica.
Cuando a principios de febrero saltó la noticia sobre la consulta pública que lanzaba Bruselas para abordar el asunto de hasta qué punto las grandes empresas tecnológicas deben contribuir económicamente a financiar las redes de telecomunicaciones, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, no se pronunció. Una posición contraria al propio Gobierno español, que sí pide que las ‘Big Tech’ pasen por caja.
Y es que, en todo este tiempo, la patronal ha mantenido su equidistancia. Hay que señalar que dentro de la organización está Ametic, que defiende sus intereses (Google, Meta, Microsoft…); mientras que DigitalES salvaguarda los suyos (telecos y torreras, con Telefónica, Orange, MásMóvil…). Ambas organizaciones están en los principales comités de la patronal CEOE, y eso es lo que ha llevado a un silencio máximo.
Pero esa cuestión se ha intensificado. Según un documento al que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, sobre las observaciones que ha hecho la patronal a la consulta pública europea sobre el ‘fair share’, CEOE se desmarca por completo de la polémica, y se mantiene en un terreno extremadamente neutral.
Sin apoyo a las empresas españolas
Desde CEOE consideran que «la infraestructura de conectividad, los servicios digitales y las competencias y habilidades digitales son espina dorsal de la digitalización»; sin embargo, no asumen que haya que apoyarlas en el despliegue de redes. De hecho, abogan, en todo caso, por una defensa a ultranza de la «neutralidad de la red».
Asimismo, y en ese alarde de equidistancia, desde la organización que preside Garamendi aseguran que «Europa debe acelerar el despliegue de redes de gran capacidad a la par de Estados Unidos y otras regiones del mundo. Este es el caso del despliegue de nuevas infraestructuras 5G». Acto seguido, sostiene que «también es preciso tener en cuenta que las empresas tecnológicas contribuyen ampliamente a las inversiones en infraestructura (hasta 120.000 millones de dólares al año a nivel global y 24.000 millones de dólares al año en Europa)».
Y en el colofón de no pretender molestar a nadie, desde CEOE «se recomienda a BEREC seguir trabajando con mayor profundidad en la actualización de su análisis preliminar ‘Supuestos subyacentes de los pagos de grandes proveedores de servicios, aplicaciones y contenidos a ISPs’ en línea con su Plan de Trabajo 2023 y que prevé someter las conclusiones de dicho informe a consulta pública». Es decir, simplemente se limitan a pedir que se siga dialogando sin proponer nada concreto.
Otros sí se mojan
Al contrario que CEOE, el sindicato UGT ha advertido de que la Comisión Europea obvia en toda esta consulta pública la importancia del empleo y de las condiciones de trabajo. El sindicato ha criticado que las ‘Big Tech’ apenas crean en España, unos 3.600 puestos de trabajo tecnológicos. En comparación, el conjunto del sector audiovisual y telecomunicaciones español multiplica por 15 el empleo que crean los gigantes digitales en España (más de 57.000 puestos de trabajo).
En opinión de UGT, una justa contribución de dichos gigantes digitales al despliegue de infraestructuras digitales en nuestro país sin duda revertirá en un aumento del empleo y del talento digital, en mejores salarios y cotizaciones, y por tanto, en mayor consumo interno y en la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.
Las muestras de apoyo también llegaron de manera explícita en el pasado Moible World Congress de Barcelona, donde la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicó de manera pública que era «evidente que el desarrollo de las nuevas infraestructuras requiere una inversión masiva por parte del sector público y el sector privado. Por lo tanto, todos aquellos agentes que se benefician del despliegue de las infraestructuras tienen que contribuir de una manera justa».
Por el momento, la única que no se ha pronunciado es CEOE. Una presión que irá en aumento según se clarifique la situación. La equidistancia con sus asociados no puede durar para siempre.
