Defensa elabora su Plan Estratégico a la espera de conocer la situación final de STC en Telefónica

El operador azul y el Ministerio de Defensa tienen, desde hace años, unos vínculos muy estrechos; tanto, que el Plan Estratégico actual se desarrolló en estrecha colaboración

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El Ministerio de Defensa tiene activo en estos momentos el ‘Plan Estratégico de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones’ (Pecis), que entró en vigor en 2019, y toca a su fin en 2024. Eso le obliga a preparar su renovación en los próximos meses. Para ello contó con la estrecha colaboración de Telefónica. Aunque la irrupción de la saudí STC cambia todo. 

En 2019 se reunieron el entonces secretario de Estado, Ángel Olivares; y el presidente de Telefónica, Emilio Gayo, para tratar posibles apoyos de la compañía a la defensa nacional. Asimismo, se abordó la creación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la I3D (COS I3D), que atiende a la seguridad de todas las redes y sistemas del departamento. 

Bajo este contexto se desarrolló el Pecis con vigencia hasta 2024. Es turno de renovar dicho ‘plan estratégico’, pero ahora con un condicionante: la irrupción de STC en el accionariado de Telefónica que pretende llegar al 9,9%, aunque para ello necesita la aprobación del Gobierno español. 

Sin embargo, fuentes del sector de las telecomunicaciones explican a ECONOMÍA DIGITAL que ha sido la presión política que vive España la que ha caldeado la situación. Y eso ha llevado a una cierta sobrerreación desde ciertos ámbitos del Gobierno. Todo ello, asumiendo efectivamente que la relación con Telefónica es esencial en materia de seguridad y comunicaciones críticas. 

A todo este ruido ha contribuido, añaden las fuentes, que el partido de la oposición haya usado este tema como ataque al Ejecutivo por no conocer de antemano la situación cuando, en realidad, no existen motivos para que tenga que vigilar los accionariados de empresas privadas.  

Una extraña espera 

El 5 de septiembre saltó la bomba: STC irrumpía en Telefónica. De forma inmediata se aludió al escudo antiopas que reformuló el Ejecutivo en julio de este año, y que necesita de su aprobación para determinados movimientos corporativos. 

La primera barrera de todas es el Ministerio de Defensa, que tiene un papel fundamental en esta cuestión dado que la inmensa mayoría de las actividades que se realizan son con Telefónica y por lo tanto es una empresa que está gestionando intereses estratégicos de la defensa nacional. 

Por ello, la ministra del ramo, Margarita Robles, aseguraba que «lo más importante es la seguridad, por lo que vamos a proceder a estudiar con todo rigor y seriedad la petición y en qué condiciones se va a hacer».  

Sin embargo, tal y como confirman desde el Ministerio de Defensa, «esa petición formalmente no ha tenido entrada». Según ha podido confirmar ECONOMÍA DIGITAL con STC, efectivamente todavía están trabajando en ello. Así, con esta espera, es donde se abren paso los pequeños detalles que rodean la operación de desembarco del operador saudí en Telefónica. 

Importantes contratos con Telefónica 

Ante este contexto de incertidumbre, al menos por el momento, una de las cosas que sí aprieta al Gobierno a ser cauteloso -o al menos parecerlo-, es la actividad contratista de Telefónica. 

Y es que el gran contrato de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones del Ministerio de Defensa, valorado en más de 170 M€, está principalmente en manos del operador azul.  

Los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la I3D garantizan la operatividad del Sistema de Mando y Control Militar, el cual se encuentra vinculado directamente con la Defensa Nacional y permite a todos los organismos, unidades (instalaciones, buques, aeronaves, vehículos, etc.) y a los usuarios del Ministerio de Defensa el acceso eficaz a los recursos de información de la Defensa.

Además lo hace siendo cualquiera que sea su situación geográfica, en todo momento, de forma segura, garantizando la interoperabilidad y la mayor eficacia en el empleo operativo de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la OTAN, de la UE y de las organizaciones internacionales en las que España participa.

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