Las dos velocidades de Calviño: corre con las ayudas al 5G mientras se olvida de Huawei

La empresa tecnológica china se mantiene en un limbo legal que ha asumido con mucha paciencia

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El Ministerio de Asuntos Económicos y Agenda Digital liderado por Nadia Calviño ha dado distintas prioridades a todo lo relacionado con el 5G. Por un lado, intenta acelerar al máximo las ayudas para el despliegue en zonas rurales; mientras, por otro, no culmina la Ley de Ciberseguridad 5G que tiene a Huawei y ZTE sin saber cuál será su futuro en España. 

Ambas cuestiones tienen relación directa, puesto que los desarrollos tecnológicos por parte de los operadores de telefonía, y, en concreto, con qué proveedor lo llevan a cabo, impacta en el futuro de Huawei. Y es que, con metódica resignación, la compañía china está viendo como las compañías optan por otras alternativas para el despliegue del 5G sin que la Ley de Ciberseguridad se finiquite del todo, e incluya la denominada ‘lista de empresas vetadas’. 

En cuanto a lo más reciente, la ministra Calviño ha afirmado esta semana en rueda posterior al Consejo de Ministros que las ayudas al 5G rural (500 M€), en concreto, a los equipamientos activos de radio, estarían para el mes de junio. Así, tal y como ha podido confirmar ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, los operadores esperan que todo esté listo para la segunda semana. 

En este sentido, la ministra ha llevado a cabo un exigente trabajo en Bruselas para desatascar estas ayudas que, hace un año, provocaron -a su vez- que las ayudas a la parte pasiva quedaran desiertas puesto que no colmataban las expectativas de los operadores (torreras, principalmente) al no incluir los estos otros elementos activos de radio en las ayudas. Algo que Bruselas lo veía, en principio, como ‘ayudas de Estado’, pero donde finalmente ha tenido que transigir.  

Lentitud por otro lado 

Junto a esta perseverancia que ha tenido el Gobierno en Bruselas para poder ofrecer ayudas también a los elementos activos de la red, contrasta la falta de información y lentitud que se ofrece desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Agenda Digital con respecto a la Ley de Ciberseguridad 5G. 

Aprobada en la primavera de 2022, todavía queda un aspecto fundamental por resolver que introducía la norma: la posibilidad de vetar fabricantes de equipo que tuvieran algún tipo de conflictos de interés en materia de seguridad por su relación con terceros países, o vinculación directa, y que de esta manera no puedan hacer negocios con los operadores de telefonía españoles. Esto apunta de manera directa a Huawei. 

Esta situación se tenía que haber resuelto meses después, tal y como disponía la ley. Pero no ha sido así. Incluso, como ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, no hay ninguna previsión de que el Ejecutivo en año electoral vaya a mover este asunto

Por un lado, no quiere molestar más de la cuenta a Huawei. Las relaciones comerciales con China son buenas, la compañía es un gran proveedor del Estado español, y tampoco hay necesidad de generar un conflicto. 

Además, los propios operadores nacionales se han ido encargando de que Huawei no esté en el ‘core’ de su red 5G. Una cuestión que era lo más problemático en caso de que Bruselas se pusiera exigente. Es decir, su Telefónica, Orange España, Vodafone España o MásMóvil tuvieran que hacer cambios, pese a ser un contratiempo porque tienen equipos de radio con tecnología china, en realidad no sería tan traumático porque ya han establecido sus propios ‘cordones sanitarios’ con la tecnología asiática. 

Así, ante este panorama, el equipo de Nadia Calviño no ve ninguna necesidad en avanzar con este tema. Y, a unas malas, también está la opción de que haya un cambio de sillón en la Moncloa a final de año, y, por lo tanto, ya no sería un problema que resolver. Al menos por su parte.

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