El Gobierno en funciones se resiste a activar la ‘subasta de energía barata’ para rebajar los precios de la luz
La denominada subasta inframarginal debería haberse realizado en 2021, sin embargo, el Ejecutivo la ha atrasado sin fecha ni explicación durante dos años; e incluso en estos momentos se podría activar
En septiembre de 2021, con intención de paliar la crisis de precios energéticos que había surgido ese verano, el Gobierno de Pedro Sánchez lanzó un Real Decreto-Ley para amortiguar el impacto. Entre las medidas se contemplaba una ‘subasta de energías baratas’ para que las empresas pequeñas pudieran tener electricidad a precio bajo, y poder así ofertar tarifas competitivas. Eso nunca se hizo. Y tampoco existe la intención, pese a que se podría llevar a cabo.
Y es que, pese a lo que pueda parecer, la crisis de precios eléctricos no se ha esfumado. De hecho, España todavía presenta muchos días un mercado mayorista de la electricidad por encima de los 100 €/MWh. Algo que, sin ser tan grave como el año pasado, todavía pasa factura a las comercializadoras de luz independientes.
Sin embargo, el Gobierno en funciones no tiene previsto hacer nada al respecto. Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes políticas, la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría activar la subasta inframarginal si quisiera.
Como se trata de una norma activa, el RD-L 17/2021 de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, y que todavía sigue vigente, existe la posibilidad de habilitar dicha subasta en cualquier momento.
Esta situación, por ejemplo, no podría darse con otro tipo de normativa. Los proyectos de ley de CO2 emitido, o el fondo de sostenibilidad (FNSSE), decaen de la agenda legislativa, y en caso de retomarlos se deberían afrontar desde el inicio. Algo que no sucede con la ‘subasta de energía barata’, que se podría aplicar en cualquier momento.
La importancia de la subasta
Que se trata de un elemento muy importante para el entrado energético lo demuestra el propio malestar de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con respecto a este asunto.
En concreto, en un reciente informe publicado por la CNMC, donde se analizan los mercados minoristas de la electricidad y el gas, el organismo no ha dudado en señalar la inmovilidad del Gobierno en funciones para haber llevado a cabo esta subasta que, entre otras cosas, hubiera generado una mayor competencia entre empresas. Algo que necesariamente supone mejores precios para los consumidores.
El punto de partida se sitúa en el citado RD-L con el objetivo de suavizar el impacto de altos precios. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh para las demás comercializadoras, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica del año 2020.
Se pretendía introducir liquidez al mercado y, de esta forma, dotar a las empresas independientes de electricidad a buen precio para que su venta fuera competitiva. Y ahora la CNMC recuerda que esto habría sido beneficioso para el mercado ante la renovada toma de control del mercado que están llevando a cabo las grandes compañías energéticas verticalmente integradas.
Una pelea que viene de largo
Los grandes perjudicados en este asunto, junto con los consumidores, han sido las empresas eléctricas se tamaño medio. Así, a través de su organización sectorial, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (Acie) viene mostrando su interés por la celebración de las subastas de energía de las empresas verticalmente integradas desde que se regularon a finales de 2021.
Esta patronal, que tiene entre algunas de sus asociadas a Acciona Energía, Axpo, Feníe Energía, Octopus o TotalEnergies, asume como una gran victoria este último informe de la CNMC, donde se considera que esta subasta fomentaría la contratación a plazo por parte de los comercializadores no tradicionales, mientras se mantenga el contexto de incremento de la concentración del nivel del mercado minorista y la reducida liquidez de los mercados a plazo.
«Debido a la situación de crisis energética vigente, el Gobierno iba a organizar subastas, en las que el 25% de la energía inframarginal de las compañías generadoras dominantes sería subastada entre todos los comercializadores. Esto facilitaría que las comercializadoras independientes tuvieran opción de obtener y poder ofrecer precios más económicos a nuestros clientes, pero la convocatoria nunca llegó a producirse», apuntaban desde Acie.
Sin embargo, no existe ningún indicio de que se vaya a celebrar esta subasta. Aunque el marco legislativo lo permite, el Gobierno en funciones también ha querido ser precavido porque, según ha podido conocer este medio, existe cierto miedo a que pudiera haber incompatibildiades con las normativas europeas, y eso provoca cierto recelo.
