El sector pesquero lanza una batalla legal y política contra Ribera por la eólica marina
«Nadie obligaba al Gobierno hacerlo de esta manera; ya no se puede hablar cuando está todo hecho»
La eólica marina en España no ha tenido un fácil despegue y, lo que es peor, su aterrizaje se prevé igual de accidentado. Tras meses de espera por parte de las empresas para conocer en qué zonas marítimas se podrían desarrollar los proyectos -y todavía falta el marco regulatorio-, ahora surge un nuevo problema: el sector pesquero se siente ninguneado en todo el desarrollo, y sufrirán un fuerte impacto económico. Por eso, no dudarán en abrir todos los frentes para reclamar por lo suyo.
Y es que, más allá de lo que pueda parecer, el sector pesquero en ningún momento se opone al desarrollo renovable. Ni en tierra ni en mar, ni en ningún lugar. Así de tajante se muestra con ECONOMÍA DIGITAL el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos, Torcuato Teixeira.
«Hay que tener en cuenta que en el mar existe un importante sector que es la pesca. Y también es incuestionable que la plataforma continental es muy rica a nivel medioambiental. Estoy sería del estilo de ir a Jaén, quitar los olivos y llenarlo todo de placas solares. Impensable», asegura Teixeira.
Hay dos puntos que duelen especialmente al sector pesquero. Por un lado, no ha habido una negociación con ellos para abordar la implantación de la eólica marina y, lo más importante, cómo les iba a afectar. Después, una vez que ha sucedido esto, estiman que el procedimiento no se ha llevado a cabo de la mejor manera.
Teixeira ve alarmante que, según el expediente de los planes de ordenación del territorio marino (POEM), se dice claramente que faltan dos estudios que deberían incorporarse en esta primera fase. Uno tiene que ver con el impacto socioeconómico, y otro con la parte medioambiental. «No se puede poner en riesgo la producción de alimentos, sobre todo, uno que es muy sostenible con el medio ambiente», asegura.
Una batalla en muchos frentes
«Ya está hecho un informe jurídico». El sector pesquero cree que hay, incluso, ciertas ilegalidades que se pueden impugnar en el real decreto que desarrolla los POEM. «Creemos que no se respeta el impacto medioambiental al faltar informes, y también hay consideraciones de que cuando se ordena el espacio marino hay que tener en cuenta al sector pesquero y sus caladeros», sostiene Teixeira.
En este contexto, el sector pesquero cree desde el Ministerio para la Transición Ecológica se han saltado algunos pasos. Así, el recorrido inmediato es impugnarlo ante el Tribual Supremo, ya que tienen dos meses de plazo. Pero ahí no se acabará la cosa. «Si la administración quita alguna norma para llevar a cabo las subastas, también vamos a recurrir esa norma. Porque la norma base está viciada. Si ponen en marcha subastas de potencia sin tener en cuenta toda esta situación previa, también vamos a recurrirlas».
La gran baza que juega el sector pesquero es que la situación va a generar «conflictividad política y jurídica que no es deseable para nadie». Además, el sector pesquero se lamenta de que ya no haya margen de negociación. «Se han saltado lo acordado con nosotros, que era no dar ningún paso sin tener toda la información. Nadie obligaba al Gobierno hacerlo de esta manera. Ya no se puede hablar cuando está todo hecho».
El sector eólico, a lo suyo
La otra parte, la empresarial, sigue reclamando lo suyo. En este caso, algo de velocidad. Según explican a ECONOMÍA DIGITAL desde la patronal sectorial AEE, «para que España pueda aprovechar su posición y la oportunidad tecnológica, económica, social y ambiental que supone el despliegue de la eólica marina, debe avanzar en una serie de ámbitos imprescindibles, a un ritmo competitivo con los países de nuestro entorno, entre los que podemos destacar: la regulación para la tramitación de los proyectos, el diseño de subastas y su próxima convocatoria, así como un calendario que proporcione visibilidad, además de una coordinación en el despliegue de la red necesaria».
De igual modo, argumentan, «hay que trabajar en mejorar la aceptación social, tanto por parte de los sectores empresariales, como por parte de las administraciones e instituciones, para vencer el rechazo social que existe en algunos ámbitos geográficos».
Y en claro conflicto, precisamente con la que reclama el sector pesquero, desde la patronal eólica aseguran que «es preciso asegurar en España zonas amplias para permitir el desarrollo de la tecnología, y eficientes desde el punto de vista técnico y económico. Partiendo de los POEM y la planificación y legislación eléctrica, la normativa debe coordinar el procedimiento de autorización, el otorgamiento de derechos de uso del espacio marino, el acceso y la conexión a la red eléctrica, y el impulso a la inversión mediante procedimientos de concurrencia competitiva».