Estalla un nuevo colapso renovable para Ribera en plena campaña electoral

No volverá a pasar. El pasado mes de enero el Gobierno quería trasladar un mensaje muy claro: se trabajará al máximo para que no se vuelva a poner en peligro el sector renovable y, como consecuencia directa, que no pueda existir un perjuicio económico para el Estado. Pero todo ha estallado por los aires y, de nuevo, hay un atasco en la aprobación de proyectos renovables. Todo ello, además, coincide con el periodo electoral que se ha abierto tras el adelanto de las elecciones generales.

A finales de julio, según marca el RD 23/2020, deben pasar un nuevo trámite administrativo los proyectos renovables que dispongan de permisos ambientales (DIA) favorables, así como una autorización administrativa previa. Se trata, en concreto, de la autorización de construcción (AAC). Algo que se iba a vivir con menos tensión que en enero -y que sería fácil de tramitar-. Sin embargo, tal y como explican fuentes del sector a ECONOMÍA DIGITAL, el colapso vuelve a ser una realidad.

De este modo, señalan las fuentes, principalmente los proyectos que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica liderado por Teresa Ribera, es decir, los que tienen un tamaño superior a los 50 MW de potencia instalada, serían los que están encontrando mayores problemas, de nuevo a la hora de obtener los permisos.

Además, esta situación se suma la tsunami político que se ha desatado en las últimas semanas, y que también ha provocado cierta incertidumbre entre los órganos encargados para la burocracia administrativa de estos procesos.

El otro temor: el económico

Para que los proyectos renovables, tanto solares como eólicos, puedan entrar en funcionamientos se deben superar una serie de hitos. El más dramático hasta ahora -por su escaso margen- fue la superación de la autorización ambiental. Posteriormente se necesitaba un permiso administrativo; ahora llega la licencia de construcción y, finalmente, se debe tener el proyecto ejecutado (que será en el verano de 2025). Y todos estos puntos intermedios tienen una clave: de no llevarse a cabo puede ejecutarse el aval financiero que acompaña a los proyectos.

En todo este proceso, de no llevarse a cabo, los promotores pueden perder el acceso a conexión que otorga Red Eléctrica y, por lo tanto, no puede construir su instalación. Esto, a su vez, lleva a aparejado que se puede ejecutar el aval financiero que se pone como apoyo económico por si no se desarrolla el proyecto tal y como se anunció.

Sin embargo, si la pérdida de punto de conexión, y por lo tanto, la no ejecución del proyecto, se produce por un fallo administrativo, en este caso el retraso a la hora de conceder los permisos, sería la propia Administración Pública quien debería compensar al promotor. Y eso sería una buena tajada, dependiendo de cuántos proyectos no pudieran obtener en tiempo los permisos, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

En cifra, en el caso de los avales de puntos de conexión, su cuantía ha sido modificada varias veces y actualmente se sitúa en 40€/kW instalado según el último cambio normativo.

Una cifra importante

En estos momentos es difícil precisar cuántos proyectos de los que pasaron con DIA favorable en el mes de enero también han conseguido una autorización administrativa previa, y ahora se encuentran en la próxima fase.

Según publica El Periódico de España, siguen adelante para completar todos los hitos administrativos un volumen de proyectos que alcanzarían los 58.000 MW, el 79,4% del total, según confirmaban desde Grupo Redeia. En cualquier caso, ésta era sólo una etapa burocrática de las varias que las compañías energéticas van a tener que superar aún hasta tener en marcha las más de un millar de plantas que siguen adelante en el proceso.

El próximo atasco

Una vez que se tenga la autorización para la construcción, llega la hora de la verdad: montar los parques. Y aquí ya han hecho saltar las alarmas. Y es que las compañías energéticas han alertado de la saturación a la que se verán sometidas las cadenas de suministro para lograr construir las nuevas plantas en un período tan corto de tiempo -hasta el verano de 2025-.

No solo es cuestión de tener a tiempo las infraestructuras, sino de cerrar contratos de financiación con bancos, encontrar proveedores, conseguir acceso a la red de transporte o distribución, conseguir compañías para llevar a cabo los trabajos de construcción, la disponibilidad de la mano de obra suficiente y cualificada…

Entre algunos de los que ya han avisado está la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), que consideran que «lo racional sería alargar el plazo y que no se exija construirse en dos años lo que debería hacerse en cuatro. Hay que flexibilizar los hitos finales».