Justicia, Trabajo y Seguridad Social: las huelgas acorralan al Gobierno ante el 28M

Inspectores de Trabajo, los funcionarios de la Administración de Justicia y, ahora, la plantilla de la Seguridad Social. Tres cuerpos de la Administración General del Estado diferentes ya han anunciado que van a ir a la huelga en las próximas semanas. Una situación que explota de lleno al Ejecutivo en el arranque de la campaña para las elecciones locales y autonómicas.

En los tres casos, la paralización (aunque sea puntual) puede agravar situaciones como reconocimientos de prestaciones, en el caso de la Seguridad Social, hasta el frenazo a procesos judiciales, como puede suceder con la Administración de Justicia y ya se pudo ver con el paro de los letrados (LAJ), que estuvieron dos meses en huelga a principios de año.

El choque, además, llega después de que el Ejecutivo haya pasado meses apoyando a los sindicatos en sus reivindicaciones ante la patronal para la subida de los salarios. Ahora, en la semana en que centrales y empresarios han firmado la paz social hasta 2026 con subidas de salarios de entre el 10 y el 13,5%, es el Estado como empleador el que tiene que calmar las aguas.

La Seguridad Social ha perdido 8.000 empleados en una década

Uno de estos cuerpos que se han levantado contra el Ejecutivo es el de los funcionarios de la Seguridad Social. Se trata de un servicio donde los ciudadanos han notado especialmente las carencias de personal y donde conseguir cita para cualquier trámite se ha dificultado en los últimos meses, hasta el punto de crearse un mercado negro de encuentros presenciales. Las razones de esto, entre otras, están en los descensos en plantilla de la última década, y el incremento de la carga de trabajo con la gestión de nuevas prestaciones como el del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

De acuerdo con datos recopilados por CSIF, 26.000 funcionarios atienden a 20 millones de afiliados y 10 millones de pensionistas. En diez años se han destruido 8.000 empleos y en la próxima década podrían jubilarse dos tercios de la plantilla.

La primera huelga en la historia de la Seguridad Social comenzará con paros de una hora todos los viernes hasta terminar en un paro de 24 horas el 7 de septiembre, tal como anunciaron ayer CCOO y CSIF. Una medida que explicarán este viernes en rueda de prensa.

Desde el Ministerio que dirige José Luis Escrivá confiesan a Economía Digital sentir «sorpresa» y «desazón» ante la convocatoria de la huelga. Entre otras cosas, dicen estas fuentes, porque no se produjeron ante un recorte histórico de la plantilla y sí ahora con el “esfuerzo histórico” para reforzar el personal.

Estas mismas voces apuntan que la Oferta de Empleo Público contempla un plan a tres años y la incorporación en un solo semestre de más de 3.200 efectivos. Con todo, confían en que se puedan acercar posturas con los representantes sindicales y no llegar al paro total.

Tras los letrados; jueces, fiscales y funcionarios

Si no se desactiva antes, el primer conflicto, el de la plantilla de Justicia, podría comenzar a menos de una semana de que se pongan las urnas. Después de jornadas de movilizaciones y paros, los 45.000 empleados públicos que dependen del Ministerio de Pilar Llop han anunciado una huelga indefinida a partir del 22 de mayo si el departamento no cumple con sus reivindicaciones.

La principal: una mejora retributiva –como se negoció con los letrados y se está acordando con las asociaciones de jueces y fiscales, que también amenazan con parar-, además de un reconocimiento de todas las labores que realizan y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que no ha sido consensuada con los representantes de los trabajadores.

“Si nos llaman a la mesa con una oferta satisfactoria, no habrá motivo para la huelga. Pero tienen que tener voluntad de negociar, en la única reunión se nos dijo que la oferta era de cero euros”, explica el secretario general del sector de la Administración de Justicia de CCOO, Luis Calero, en conversación con Economía Digital.

Los sindicatos convocantes (CSIF, STAJ, CCOO y UGT) reclaman una mejora retributiva de entre 350 y 430 euros, similar a la que recibieron los letrados, para desconvocar el conflicto y critican de “clasista” el trato que están recibiendo por parte del Ministerio, ya que ni la ministra Llop ni el secretario de Estado se ha reunido con el comité. Su interlocutor es el Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, de quien dicen que no tiene capacidad decisoria, apuntando a la cúpula del departamento y al Ministerio de Hacienda, que también es responsable de Función Pública.

Fuentes de Justicia indican a Economía Digital que tienen “voluntad negociadora”, como demuestra el hecho de que representantes de su Ministerio y de Hacienda se hayan reunido con jueces y fiscales y comprometido a negociar sobre una propuesta “razonable” del Ejecutivo. Sin embargo, en relación con los funcionarios, recuerdan que con la llegada de Llop al Ministerio se equiparó su salario con la media nacional, y que han de ser conscientes de que son servidores públicos al servicio de la ciudadanía y que deben mirar por el buen servicio de la Justicia.

La Inspección de Trabajo, en pie de guerra

Pero los conflictos no se limitan al ala socialista del Ejecutivo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que depende del Ministerio que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, también ha anunciado paros parciales desde este mes hasta junio, con una huelga entre el 26 y el 30 que podría devenir en indefinida.

“Lo mismo que el diálogo social se hace de puertas para afuera y se consiguen muchos acuerdos, queremos que lo hagan de puertas adentro en el propio Ministerio”, reclamó la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, en conversación con Economía Digital esta misma semana.

Este organismo se encarga de asegurar que se cumplen algunas de las políticas bandera del Ejecutivo, como el pago del salario mínimo profesional o la conversión de contratos temporales fraudulentos en indefinidos. Sin embargo, la tarea de controlar el mercado laboral (más de 20 millones de afiliados, a lo que se suman afiliados y pensionistas) recae en apenas 3.000 efectivos, entre inspectores (2.200) y personal de apoyo.

Ahora, los inspectores reclaman que el departamento que dirige Díaz y el Ministerio de Hacienda cumplan tanto con el acuerdo firmado en julio de 2021 con los sindicatos como con el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, vinculado al Plan de Recuperación y que aún no se ha puesto en marcha.

Mientras, fuentes de Función Pública destacan que no es su departamento quien está liderando las negociaciones de estos procesos, aunque están participando en algunos procesos, como el de la Administración de Justicia, por petición expresa de Justicia. Con todo, insisten, quienes marcan la posición son los Ministerios de los que dependen los funcionarios que ya han anunciado la huelga.