Yolanda Díaz se rebela contra Moncloa por frenar el Estatuto del Becario
La vicepresidenta ha defendido el trabajo del diálogo social y ha instado a los socialistas a explicar por qué "no quieren acabar con una de las formas cruentas de precariedad" en España
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha rebelado contra Moncloa por el Estatuto del Becario, ya que en Presidencia del Gobierno ven esta norma «verde», a pesar del acuerdo con los sindicatos. En declaraciones a los medios este viernes, la líder de Sumar ha pedido «respeto» al diálogo social a sus socios de Gobierno.
«Les diría que respeten el diálogo social. Han estado los agentes sociales trabajando durante 12 meses y ayer hubo un acuerdo«, ha instado la vicepresidenta. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO cerraron un acuerdo después de más de un año negociando una norma que emana de la reforma laboral y de la que se descolgó la CEOE después del adelanto electoral.
La vicepresidenta ha insistido en que ella va a seguir en «la recuperación de derechos de los jóvenes en nuestro país» y ha instado a los socialistas a explicar por qué amenazan con no aprobar la norma en el Consejo de Ministros. «Aquellos que no quieren acabar con una de las formas cruentas de precariedad en nuestro país tienen la obligación de explicárselo a España», ha subrayado.
Los sindicatos y Trabajo presionaron para sacar adelante la norma a pesar de la oposición de la patronal, que no ven conveniente sacar el real decreto ley con la convalidación de la Diputación Permanente y una convocatoria electoral en ciernes. «Nosotros no vamos a participar en actos electorales», ha argumentado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, esta misma mañana en Bilbao. «Es política ir allí a sacarse la foto», ha zanjado al tiempo que ha afirmado que «la vocación es que posiblemente no haya prácticas en este país», según informa EFE.
Lo cierto es que pese a conseguir el acuerdo de las centrales sindicales, las cifras para poder convalidar el acuerdo en la Diputación Permanente tampoco están claras. Partidos como el PNV no ven viable la norma y otros socios habituales del Ejecutivo, como Bildu o ERC, tampoco se han pronunciado, pero no cuentan con incentivos para sacar adelante una ley tan relevante en plena campaña electoral.
Ni siquiera cuenta con el apoyo al 100% de los socialistas, que no garantizan que la norma vaya a pasar por la mesa del Consejo de Ministros y a ser convalidada 30 días después en el Congreso. Sobre si está «verde», como deslizan desde Moncloa, fuentes del entorno de la líder de Sumar apuntaban ayer que en el Ejecutivo «saben» que la norma es fundamental y restaban relevancia a la opinión de altos cargos del Gobierno: «Todo el mundo tiene derecho a opinar».