La investidura de Sánchez cuesta al Estado hasta 40.000 millones y reta a Ayuso a pedir una quita

En un avance hacia la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE y ERC han alcanzado un acuerdo que supone la condonación de parte de la deuda pública de Cataluña, la región más endeudada de España. El documento, que establece el perdón de unos 15.000 millones para la Generalitat, abre la medida también al resto de comunidades autónomas de régimen general. En concreto, habla de una «modificación legal de alcance general», que tiene como objetivo principal permitir que el Estado asuma una porción de la deuda autonómica.

Si se aplicaran las mismas medidas que con Cataluña (un 20% del total), la quita de la deuda regional tendría un costo estimado de 38.500 millones de euros. Sin embargo, el propio Gobierno se apresuró a matizar anoche que las quitas de otras CCAA podrían calcularse de forma distinta en base a la infrafinanciación. En cualquier caso, la quita total no distará mucho de esta estimación si el Gobierno no quiere soliviantar todavía más al resto de CCAA.

El acuerdo destaca la necesidad de estabilizar la situación financiera de la Generalitat de Cataluña y facilitar su reintegración a los mercados de deuda. Para lograr esto, la propuesta es que el Estado asuma una parte de la deuda autonómica, especialmente aquella generada por el «impacto negativo del ciclo económico». En total, según datos del Banco de España, la deuda de las autonomías contraídas con el Estado a través de mecanismos de financiación como el FLA o el FFF alcanza los 191.000 millones de euros al cierre del segundo trimestre de 2023.

El acuerdo tiene una clara perjudicada, que es la Comunidad de Madrid, una administración que ha rechazado sumarse a la financiación del Estado desde el primer momento en que el Gobierno de Mariano Rajoy lo puso en marcha hace más de 10 años. Pero el acuerdo menciona que «también podrá acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario».

Esta cláusula abre la puerta a la condonación de deuda en comunidades como Madrid, gobernada por Isabel Díaz-Ayuso, que actualmente no tienen deuda con el Estado, ya que se financian de forma autónoma en los mercados financieros. País Vasco y Navarra, quedan excluidos del alcance de este acuerdo, puesto que se habla específicamente de» las comunidades autónomas de régimen común».

Sánchez alude a la «infrafinanciación»

La justificación detrás de este compromiso se basa en que una parte sustancial del incremento de la deuda autonómica desde 2007 se debió al «impacto de la crisis en las finanzas públicas autonómicas» y a la «insuficiente respuesta europea y del Estado» en aquel momento.

No obstante, es importante destacar que el Gobierno no condonará a las demás comunidades autónomas el mismo porcentaje de deuda que a Cataluña, sino que la cifra dependerá de la «infrafinanciación» que experimentaron durante la crisis de 2008. Para calcularlo, como se explica en el texto del acuerdo, «se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo». En todo caso, de forma teórica y a modo de referencia, extrapolar ese porcentaje del 20% al conjunto de la deuda autonómica con el Estado (191.750 millones) conduciría a una quita de unos 38.350 millones.

Cataluña se destaca como la comunidad autónoma con la mayor deuda vinculada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), seguida de Valencia (con 48.344 millones, equivalente al 84,45% de su deuda), Andalucía (con 25.409 millones, que representan el 66,8%), Castilla La Mancha (con 11.363 millones, equivalente al 71,7%) y Murcia (con 10.285 millones, el 85% de su deuda total).

Distintos gobiernos autonómicos han rechazado la medida y también los cálculos, empezando por el Madrid de Díaz Ayuso y terminando en la Andalucía de Juanma Moreno, que en todo caso ha reclamado quitas de deuda para su región mucho más elevadas que las que salen de estos cálculos.