El impuesto a las grandes fortunas frena la llegada a España de altos patrimonios extranjeros

La entidad de banca privada A&G advierte de que el nuevo impuesto temporal a las grandes fortunas que ha entrado en vigor en 2023 está «frenando» la llegada de altos patrimonios extranjeros y provocando que empresarios y nómadas digitales prefieran establecerse en otros lugares que no requieran este coste fiscal.

Según recoge Europa Press, el director de Asesoramiento Patrimonial de A&G, Francisco González, ha afirmado este miércoles que desde su entidad ya conocen «casos notorios» de estos movimientos y considera que el país más beneficiado por el incremento de la carga fiscal en España es Portugal. «Estamos logrando que un alto patrimonio nórdico se vaya a vivir a Portugal antes que a España, precisamente por ese coste fiscal», ha advertido González.

El nuevo tributo impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez fue aprobado en el Congreso y en el Senado a finales de 2022 y supone imponer en todo el territorio común un impuesto sobre los patrimonios de más de tres millones de euros, bonificado por algunas comunidades autónomas. Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.

Recursos de inconstitucionalidad

La Comunidad de Madrid ya ha recurrido la normativa ante el Tribunal Constitucional (TC) por invadir sus competencias fiscales y financieras y, previsiblemente, también lo hará el Gobierno de Andalucía y organizaciones como Foment del Treball. No obstante, A&G recomienda a los contribuyentes que no estén de acuerdo con el tributo que lo paguen y después lo recurran sin esperar a que se resuelvan otros recursos.

Al igual que el Instituto de Estudios Económicos, el banco considera que el nuevo gravamen es «inconstitucional», pero admiten que no son «partidarios de que no se pague». Para A&G, este nuevo impuesto solapa el impuesto sobre el patrimonio, por lo que supone una «invasión» de competencias de las comunidades autónomas. Además, señalan que no existe un impuesto igual en la Unión Europea y consideran que tiene «un claro componente ideológico».