El Gobierno, ‘obligado’ a subir el IVA de los alimentos tras la caída de la inflación subyacente

El dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre ha dejado dos buenas noticias, una por cada una de las tasas de referencia que publica el Instituto Nacional de Estadística. Por un lado, la inflación general se ha mantenido en el 3,5% gracias al recorte del precio de los carburantes, lo que ha relajado la posibilidad de una aceleración de la escalada de los precios. Por otro, la subyacente, la que no incluye los precios más volátiles de la energía o de los alimentos frescos, se ha moderado en seis décimas, hasta el 5,2%. Esta es la considerada por los economistas como núcleo o ‘pegajosa’, más vinculada al tejido productivo y que da una muestra de cómo se ha trasladado a la economía el shock de los precios energéticos.

Ahora bien, esta caída de la tasa subyacente va a obligar al Gobierno a devolver a los alimentos a sus tipos del IVA habituales tras un año de rebaja, del 0%, en el caso de básicos como los lácteos o las frutas y verduras, al 4%; y del 5%, en el caso de la pasta y el aceite de oliva, al 10%, su referencia habitual. Esto es porque el Ejecutivo, en el diseño del decreto de finales del año pasado por el que instauró estas medidas, marcó como barrera para su vigencia que la inflación subyacente bajara del 5,5%.

En un primer momento, el dato de referencia era el de marzo, pero con la prórroga aprobada en junio se trasladó al dato de septiembre. De acuerdo a la literalidad del decreto, «el tipo impositivo aplicable será el 10 por ciento a partir del día 1 del mes de noviembre de 2023, en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes de septiembre, publicada en octubre, sea inferior al 5,5 por ciento«, dice, en el caso del aceite y la pasta. La misma fórmula, pero con un tipo diferente, emplea con los básicos gravados al 4%.

El Plan enviado a Bruselas recoge subir el IVA de los alimentos

El umbral legal es el que es, el de la inflación de septiembre que fue del 5,8%, pero lo cierto es que, en pleno debate sobre la prórroga o no de las medidas anticrisis, el Gobierno de Pedro Sánchez -que previsiblemente repetirá si consigue la confianza del Congreso- pierde un argumento clave para justificar una posible prórroga de estas medidas de cara a 2024.

En el Plan Presupuestario que el Gobierno remitió a Bruselas el pasado día 15, el Ministerio de Asuntos Económicos se escudó en la interinidad del Ejecutivo para enviar un proyecto con un «escenario inercial» que contemplaba la expiración de las medidas el próximo 31 de diciembre. El departamento que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño dejó la puerta abierta a una posible prórroga, justificándose en el citado escenario a políticas constantes. Sin embargo, el compromiso de alcanzar el 3% del déficit el año que viene solo se cumple con el ingreso adicional de más de 5.000 millones de euros en impuestos que el Ejecutivo ha dejado de cobrar este año.

De acuerdo con los últimos datos de recaudación que ha publicado el Ministerio de Hacienda, correspondientes al mes de septiembre, la rebaja del IVA a la alimentación ya ha costado cerca de 1.300 millones de euros, el doble de lo que ha recaudado el Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas (620 millones). El recorte del IVA en la electricidad, el gas natural, madera y pellets ha supuesto 701 millones menos para las arcas del Estado.

El acuerdo PSOE-Sumar contempla ayudas directas

Organismos nacionales, como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pero también internacionales (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, entre otros) llevan tiempo reclamando al Ejecutivo que eliminen las medidas anticrisis generalistas y las sustituyan por ayudas focalizadas a los colectivos más vulnerables, debido al elevado coste y pobre redistribución que suponen.

De hecho, el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar firmado la pasada semana ya contempla seguir «adoptando medidas eficaces para combatir el impacto que la guerra en Ucrania, el encarecimiento de los alimentos y la subida de los tipos de interés tienen sobre la renta disponible de la ciudadanía mediante ayudas directas focalizadas para las familias más vulnerables«. Como novedad, se comprometen a adoptar un «sistema de seguimiento, información y evaluación de los precios de los alimentos básicos que contribuya a disponer de una cesta de la compra básica a precios asequibles, variada y de calidad, que permita el acceso de todas las familias a bienes esenciales y, a la vez, contribuya al objetivo de contención de la inflación».

Este mismo lunes, al tiempo que el INE difundía los datos de la inflación, la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, reunía a medio centenar de economistas para dibujar una nueva estrategia para repartir los costes del aumento de los precios. En ella, les pedía un análisis de cuáles habían funcionado mejor o peor, así como una valoración de sus efectos. Lo que está claro es que la rebaja del IVA no estará en futuros paquetes de medidas, o el Ejecutivo tendrá que buscar otros argumentos.