La Generalitat se enfrenta a indemnizaciones de hasta 4.000M por la nueva regulación de los pisos turísticos

La Generalitat se enfrenta a reclamaciones millonarias por el nuevo decreto que regula las viviendas de uso turístico en Cataluña. La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) y la Associación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartatur) alerta que las indemnizaciones por la pérdida de licencias causadas por la nueva normativa podrían alcanzar 4.000 millones de euros.

Este martes, el gobierno catalán aprobó un decreto por el cual obligará a tener licencia urbanística previa a viviendas de uso turístico en 262 municipios, que tendrán como límite otorgar 10 licencias para realizar estas actividades por cada 100 habitantes y se deberán de renovar cada cinco años. De esta forma, cada uno de estos municipios deberá de modificar su planeamiento urbanístico para poder acoger este tipo de viviendas. De no hacerlo, los propietarios perderán automáticamente la licencia.

Según ha explicado Enrique Alcántara, presidente de Apartatur, a priori los propietarios de estas viviendas no tendrían derecho a indemnización, pero, en caso de tener que cerrar los pisos, podrían acudir al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). En base al coste por el traslado de la licencia y a las ganancias que puede tener cada propietario alquilar sus pisos, calculan que el coste para la Generalitat de estas reclamaciones podría escalar hasta estos 4.000 millones.

Las organizaciones empresariales acusan a la Generalitat de haber aprobado las modificaciones en la legislación a partir de decreto, lo que evita desarrollar un debate en el parlamento catalán y estudiar el impacto económico que puede tener esta medida. «No nos consta que la Generalitat haya regulado en base a un estudio», asegura David Riba, presidente de Federatur.

A priori, el nuevo decreto ya supondrá el cierre de 28.000 pisos turísticos en 40 municipios, dado que superan el ratio de 10 viviendas por cada 100 vecinos. En toda Cataluña hay alrededor de 102.000 pisos dedicados al turismo, por lo que la pérdida de estas viviendas ya supondría la reducción del 27% del parque.

El decreto debe de validarse en las próximas semanas en el Parlament de Cataluña, por lo que Federatur y Apartatur piden al resto de formaciones políticas de la cámara que bloqueen el trámite legislativo. «Queremos que los grupos políticos digan la suya y que el Parlament tenga una comisión par estudiar todas sus consecuencias», ha explicado Riba.

Federatur pide a los partidos frenar el decreto

Las entidades indican que las viviendas de uso turístico suponen el 40% de la oferta turística de toda Cataluña y el 30% de la de Barcelona. Además, aporta alrededor de 3.000 millones de euros del PIB turístico de Cataluña y emplea a 25.000 personas, que ven como su puesto de trabajo queda en liza. A estos datos, se tendría que sumar la afectación en los servicios auxiliares que dependen del turismo, como la restauración y el comercio.

Si finalmente el Parlament da luz verde al decreto, los empresarios del sector se pondrán en contacto con el resto de partidos políticos para ver si pueden presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. «Da el poder de expropiar licencias y de acabar con el 30% del turismo de Barcelona», añade el dirigente de Apartatur.

La patronal considera que esta medida se ha aprobado «en clave populista» y que es totalmente contraproducente. Tal y como afirmó la consellera de Territori, Ester Capella, el objetivo principal de esta política es incrementar el parque residencial, frente al problema de la vivienda en Barcelona y otras zonas tensionadas.

Segundas residencias

Sin embargo, dicen desde Federatur, el 80% de las viviendas de uso turístico de Cataluña son segundas residencias, sobre todo aquellas ubicadas en la costa o en los Pirineos. «La medida busca ampliar el parque de primera ocupación, pero las segundas residencias no pasarán a primera porque sus propietarios las siguen utilizando», ha añadido Riba.

En referencia a Barcelona, donde no se conceden licencias a pisos turísticos desde hace 9 años, Alcántara asegura que, si el problema fueran las turísticas, el precio de la vivienda residencial se hubiera estabilizado durante estos años, pero ha seguido creciendo. En la capital catalana hay 9.600 licencias para pisos turísticos, de las cuales 6.234 están activas, por lo que aboga por ampliar el parque reduciendo las licencias para desarrollar actividades económicas en viviendas o por utilizar la recaudación en impuestos generada por el turismo a aplicar políticas de vivienda asequible.

Por último, el nuevo decreto amenaza futuras inversiones en las viviendas, por la «inseguridad» que genera la necesidad de tener que renovar la licencia cada cinco años. «¿Qué calidad experimentarán los viajeros si no hacemos obras? ¿Cuánta gente contrataremos los empresarios si en cinco años podemos estar muertos?», sentencia Alcántara.