Estafa a inquilinos: la principal excusa de los caseros para echarte del piso
Te explicamos que excusas utilizan los caseros para echar a sus inquilinos y realquilar sus propiedades por precios más elevados
Atención inquilinos! Con la subida de los precios de la vivienda, son muchos los propietarios de pisos alquilados que piensan que podrían realquilar sus propiedades por un precio más alto, rescindiendo así de muchos contratos poniendo excusas a sus inquilinos. Pero, ¿es legal anular un contrato de alquiler para subir el precio? Te lo explicamos.
Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, es posible recuperar una vivienda alquilada si es para destinarla a familiares en primer grado, es decir, padres e hijos. También es posible echar a un inquilino en el caso de que se necesite por adopción para un cónyuge cuando existe una sentencia firme de separación o divorcio.
Asimismo, también hay que cumplir con un seguido de requisitos para el proceso. Para reclamar un piso en alquiler es necesario que aparezca en el contrato y avisar con tiempo al inquilino:
- Se puede recuperar una vivienda cuando haya pasado el primer año de duración del contrato de alquiler y antes de los cinco años.
- Hay que notificar a los inquilinos la decisión al menos con dos meses de antelación a la fecha requerida por los propietarios.
- Hay que especificar las causas en la notificación con pruebas que las acrediten.
Esta es la principal excusa de los caseros para echarte de un piso
La Ley de Arrendamientos regula cómo un propietario puede recuperar una vivienda alquilada, pero no especifica cómo controlar los requisitos para echar a los inquilinos. Según los expertos consultados por Newtral, esta situación está llevando a los caseros a utilizar esta excusa para anular contratos y realquilar sus viviendas a un precio más elevado.
Cabe recordar que, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de diciembre de 2022 la prórroga del límite del 2% a la subida de los alquileres, que fue acordada el 29 de marzo de ese año en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales que la invasión de Rusia en Ucrania está teniendo en los ciudadanos.
El objetivo de esta medida extraordinaria es atenuar los efectos que la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) pueda tener en el ámbito del arrendamiento de vivienda, dado que es un índice habitual en los contratos.
Con esta norma aprobada por el Ejecutivo, la actualización de la renta no podrá superar el resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, que publica el Instituto Nacional de Estadística cada mes y que está topado en el 2%.
