Empleados del ICO denuncian la «tormenta perfecta»: sobrecargados por los fondos UE y sin carrera profesional

Los trabajadores reclaman poner fin a una situación que se extiende durante una década y que provoca una “fuga de talento” en el banco público

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La «tormenta perfecta» para poner al Instituto de Crédito Oficial (ICO) lleva unos años desatada. Llegó la pandemia y se pusieron las líneas de avales en marcha, a todo correr y con sus poco más de 300 empleados en sus casas. La guerra de Ucrania, justo cuando parecía encarrilarse la economía, puso de nuevo a la Agencia Financiera en el primer plano. Y, de nuevo, la Adenda del Plan de Recuperación ha puesto al banco público como principal ‘beneficiario’ de 40.000 millones para la canalización de préstamos blandos.

Sin embargo, sus trabajadores están «sobrecargados» y se confiesan «desmoralizados» y «al límite». Las razones son varias: por un lado, la coyuntura que los ha puesto a la vanguardia de la recuperación económica. Se trata de un banco contracíclico, que se activa sobre todo cuando el mercado no otorga financiación y en tiempos de crisis, por lo que lleva prácticamente tres años a pleno rendimiento. Pero, además, su plantilla aún sufre las consecuencias de la crisis de 2008: un sistema de desarrollo profesional bloqueado por Hacienda y que, calculan los sindicatos, supone una deuda de cerca de tres millones a 170 empleados.

«Somos profesionales y sabemos que el trabajo tiene que salir, pero es machacante para la plantilla ver que no hay solución», resume en conversación con ECONOMÍA DIGITAL el presidente del comité de empresa, Francisco Díaz, del sindicato UGT.

Su sistema de desarrollo profesional es simple: un sistema de evaluación anual suma puntos y, cuando se llega a diez, se produce un salto de categoría, con el equivalente aumento salarial. Para ello disponían, todos los años, de un 1,2% de la masa salarial de la Agencia Financiera. Pero en 2014, Hacienda -en concreto, la Cecir, el órgano colegiado encargado de coordinar las actuaciones en materia de relaciones de puestos de trabajo y retribuciones de personal de la Administración del Estado- cambió el criterio en plena crisis y lo limitó al 0,2%.

«Fuga de talento»

Miguel Ángel Rozas, de CSIF, explica que a él le ha costado cinco años poder cobrar su categoría: «Hay gente a la que se le debe entre 50.000 y 70.000 euros», cifra. «Es un sistema que hace que haya una fuga de talento del 10-14% cuando antes nadie se iba del ICO«, lamenta al teléfono.

La plantilla es de apenas 350 empleados en este banco adscrito al Ministerio de Economía. Su carácter contracíclico y coyuntural hace que esta plantilla parezca suficiente, pero en países como Francia o Alemania sus entidades homólogas multiplican por 10 y 20 sus trabajadores. Según un informe reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la concatenación de nuevos instrumentos tras las sucesivas crisis de los últimos tres años estaba poniendo al límite a la institución.

«El encargo de nuevos instrumentos en el marco de la COVID-19 o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) (…) someten a mayor estrés a unas plantillas ya de por sí muy tensionadas», detalla el documento de la institución que preside Cristina Herrero. Una labor adicional que constata Rozas: «Hay cada vez más carga de trabajo: más certificados, cada vez más exigencia de avales… Estamos sobrecargadísimos y no damos abasto con tanta línea nueva, tanto producto nuevo».

Más de 300.000 millones gestionados

A su labor habitual -el ICO gestionó 325.882 millones de euros en financiación el año pasado, de acuerdo con sus datos oficiales-, los empleados del ICO tendrán que sumar la gestión de 40.000 millones adicionales. Y todo con una plantilla en la que los empleados más mayores permanecen porque, dicen, no tienen donde irse, mientras que el relevo generacional no llega, con ofertas públicas de empleo cada vez más numerosas porque cada vez menos personas están dispuestas a trabajar allí.

Los empleados públicos defienden su labor, en tanto que están consiguiendo que pese a todas las dificultades la actividad de mediación no pare. «Al final lo que hacemos es cargarnos más de trabajo todos los departamentos y áreas, damos el 1.000%, apretando todos y trabajando e intentando que nuestro trabajo sea esa palanca que consiga desbloquear la parálisis en la que llevamos ya una década», resume Díaz.

Ahora, de nuevo los focos estarán sobre la agencia financiera con el encargo de la gestión de varios fondos de inversión para canalizar los préstamos blandos del ‘maná’ europeo. En total, unos 115 millones más por empleado. El banco generó el año pasado un beneficio de 128 millones.

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