El IMV se estanca: solo el 35% de los hogares con derecho a percibirlo lo recibe

La Airef señala que el 16% de los beneficiarios del IMV tuvieron que devolver la ayuda una vez conocidos los datos definitivos de la renta

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El despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el proyecto estrella del ministro José Luis Escrivá, está estancado. Esa es una de las conclusiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su Segunda Opinión al respecto del IMV: a diciembre de 2022 solo 284.000 hogares, de los 800.000 potenciales, recibían la prestación. La misma cifra que un año antes, lo que supone un 35% del total que podría solicitarlo.

El Gobierno de coalición aprobó esta prestación diseñada para paliar la pobreza de las personas que carecen de recursos básicos en 2020, en plena pandemia. La medida estaba comprometida en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, pero el choque del COVID-19 aceleró su implantación.

De acuerdo con el diagnóstico de la autoridad fiscal, hay dificultades y escasos avances en el despliegue de su prestación, a pesar de las campañas encaminadas a favorecer su solicitud y a potenciar la eficacia.

«Ha habido pocos avances en cuanto a los resultados e implementación del IMV«, ha constatado la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, en rueda de prensa. Sí ha mejorado la cobertura de la prestación, ya que la cuantía cubre el 82% del umbral de pobreza definido por la Airef. Herrero también ha señalado que existe un elevado porcentaje de ‘non-take up’: un 58% de los hogares que podría tener acceso a la ayuda no la solicita.

«El 38% de los hogares que no lo solicitan es porque si lo solicitasen su renta aumentaría menos de un 30%. Una posibilidad es que no lo solicitan porque no les merece la pena en términos de renta«, ha apuntado el director de la división de Evaluación de la Airef, José María Casado.

Automatizar el despliegue de la prestación

La Airef ha retomado una propuesta que ya hizo en su informe del año pasado: la puesta en marcha de medidas para automatizar la gestión de la prestación ante el «cierto grado de estancamiento en el despliegue del potencial del IMV», de acuerdo con Herrero. Así, la autoridad propone un modelo más automático articulado en torno a una base de datos única con referencias de renta, patrimonio, impuestos y conjunto de prestaciones; y una declaración universal de rentas y prestaciones. Esto permitiría «transitar a un IMV y unas políticas de transferencias que se inicen de oficio o mediante impuestos de carácter negativo».

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. EFE/ Luis Millán

Además, la Airef ha cuestionado los datos que aporta el Gobierno sobre el número de hogares beneficiarios del IMV: solo cuantifican el número de altas, pero no de bajas. Por eso, a 31 de mayo, el ministerio de Inclusión cifraba en 627.957 hogares los que habían recibido la prestación. Herrero lo ha comparado con los datos de pensiones, cuestionando que se dieran los datos de todas las personas que en algún momento han cobrado una pensión y no el ‘saldo vivo’ de los beneficiarios.

«El dato que ofrece el Ministerio no es falso, no engaña y no es que no se ajuste a la realidad de lo que ellos quieren mostrar. Ellos quieren mostrar los hogares que en algún momento desde el inicio de la vigencia de la prestación se han beneficiado. Si el Ministerio dijera ‘este es el saldo vivo’, sí se estaría produciendo el engaño. A lo mejor habría que matizar es hogares que en algún momento han recibido el IMV», ha detallado. «Para nosotros, el dato más útil y que nos permite ver la evolución del IMV es el neto, el que contabiliza las altas y las bajas. Entiendo que la finalidad del Ministerio en ese dato es distinta de la finalidad de la Airef», ha aseverado.

Otro de los problemas que ha constatado la Airef es que el retardo en la información fiscal ha provocado que el 83% de los hogares vean revisados sus importes de la prestación: al 27% de le ha revisado a la baja y al 40% a la baja. Pero un 16% de los hogares que percibían el IMV causaron baja, por lo que la administración les solicitó devolver unos 2.500 euros en mediana.

Así, la Airef insta a profundizar en la utilización de los datos disponibles con frecuencia mensual por parte de las administraciones, para ajustar los importes de la prestación a tiempo real, mitigando las revisiones; y valorar la posibilidad de simplificar la definición de la renta computable.

«No es fácil implementar este tipo de prestaciones», ha reconocido Herrero. «Lo que ocurre en España compara bien en países del entorno en el IMV. Pero no compara bien en lo que se refiere al complemento de ayuda a la infancia«, ha alertado la presidenta de la Autoridad.

Seguridad Social se revuelve: «Se ha elaborado sin interlocución»

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han criticado que la elaboración de la Opinión de la Airef se ha elaborado sin interlocución con el Gobierno. «La Opinión publicada hoy se ha elaborado sin interlocución con el área del Ministerio que dirige esta política (la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social). Tampoco se desprende del informe que se haya contactado con los agentes colaboradores de la Secretaría en el desarrollo e implementación de esta política: Organizaciones del tercer sector, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas», deploran desde el departamento de Escrivá.

Además, estas mismas fuentes critican que se haga una propuesta del modelo de gestión de la prestación «sin haber realizado previamente en detalle una evaluación del proceso de tramitación» y sin relación con los responsables cotidianos de la Seguridad Social.

«No tengo nada que decir. La forma de actuar de Airef siempre es aproximarse a quienes gestionan las distintas políticas, son ellos los que nos tienen que facilitar la información de manera mayoritaria. Hemos mantenido relación con gestores de esta prestación. Otra cosa es que consideren que no ha sido suficiente. Hay datos que no hubiéramos podido conocer si no nos hubiéramos reunido con ellos», ha respondido Herrero.

«Hace más de quince días remitimos la Opinión a los Ministerios afectados (Inclusión, Economía y Hacienda)», ha explicado Herrero. «Ninguna de las alegaciones recibidas alteraban los datos cuantitativos que evidentemente son incontestables», ha detallado.

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