Semana grande de Batet: el poder de la presidenta del Congreso en la espinosa agenda de Moncloa

Son varios los temas en las carpetas encima de las mesas de Moncloa. Las derivadas mediáticas son complicadas de medir a priori, pero el Gobierno de Pedro Sánchez sabe que, en mayor o menor medida, puede controlar de qué se habla y qué no mediante un instrumento clave en la estrategia del PSOE: el poder de decisión y de ordenación que tiene una de las suyas, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

No es cosa particular, sino que son, nada más y nada menos, que sus labores exactas, aunque a veces pueda parecer que roza el filibusterismo. Según recoge el artículo 32 del Reglamento de la Cámara Baja, la Presidencia ostenta la representación de la Congreso, asegura la buena marcha de los trabajos; dirige los debates, mantiene el orden de los mismos y ordena los pagos; cumple y hace cumplir el Reglamento, lo interpreta en los casos de duda y lo suple en los supuestos de omisión, si bien para dictar una resolución de carácter general, necesita el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces.

También es la voz que lidera a la Mesa, órgano a quien le corresponde el gobierno interior y la organización del trabajo parlamentario. A la Mesa le compete la programación de las líneas generales de actuación de la Cámara, la coordinación de los trabajos de sus distintos órganos, la calificación sobre los escritos y documentos parlamentarios, la decisión sobre su admisibilidad y procedimiento de tramitación y otras funciones previstas en el Reglamento.

Y esta semana, en el menú parlamentario, entra tanto la reforma del sólo sí es sí, la calificación de la proposición de ley de Unidas Podemos antiFerrovial, poner fecha a la moción de censura presentada por Vox, la aplicación -o no- del Código Ético del Congreso en relación a la trama del caso Mediador o incluso los tiempos para la posible constitución de la comisión de investigación sobre tito Berni. Todo, claro, a menos de 90 días de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Moción, ley antiFerrovial y comisión de investigación

En todo ello tiene algo Batet que decir. Por ejemplo, aunque varios asuntos competen a la Mesa del Congreso, como la calificación de la moción de censura, sí que será ella la que fijará la fecha en la que el economista Ramón Tamames se suba a la tribuna para defender su alternativa. También se dirimirá en la reunión la calificación de la proposición de ley registrada por Unidas Podemos para que las empresas que deslocalicen su producción o su sede, como Ferrovial, tengan que devolver las ayudas públicas con intereses.

Incluso compete a la Mesa decidir los tiempos para componer la comisión de investigación sobre las actuaciones de tito Berni, aunque es algo harto complicado en tanto que las Cortes se disolverán el 10 de noviembre, y con los meses de julio y agosto siendo inhábiles, y los tiempos se estrechan. Pero el registro de esta herramienta por parte del Partido Popular esta semana así obliga.

Será también Meritxell Batet quien presida el Pleno que se celebra de martes a jueves y que debatirá, entre otras, la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los delitos contra la libertad sexual, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 

Aplicar o no el Código Ético

Los coleos de la trama de presunta corrupción con epicentro en el Congreso por parte del ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, nombre real del conocido como tito Berni, también puede ser parte de las tareas de Meritxell Batet esta semana. De momento, no se ha activado el Código Ético de las Cortes Generales, que busca evitar los conflictos de intereses de los parlamentarios.

El artículo 9 del citado Código reza que será la Presidencia del Congreso la que, “de oficio o a petición de otro parlamentario”, podrá solicitar “la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción” del Código Ético, sobre todo si se refiere a los conflictos de intereses de los diputados.