La Comunidad de Madrid tacha de «invasiva» la Ley de Vivienda y estudia tomar medidas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que tomará las medidas que considere necesarias en respuesta a la Ley de Vivienda nacional, la cual considera invasiva y sectaria debido al acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana Per Catalunya (ERC) y EH Bildu para su aprobación.

Esta ley fue «elaborada sin consenso» y sin la participación de los agentes implicados, y además invade las «competencias autonómicas», según el Ejecutivo regional. Consideran que se trata de un ataque frontal contra la libertad y el ahorro de las familias, y que representa «un intervencionismo estatal inaceptable», esta postura ha sido comunicada a Europa Press por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno, Bildu y Esquerra Republicana Per Catalunya (ERC) implica, entre otras cosas, la limitación del aumento de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como la reducción del concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas.

Esta es una de las regulaciones clave de la legislatura que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos han negociado, y han logrado acercar posturas con estas fuerzas del bloque de investidura en las últimas fechas. El anuncio del pacto se produce en vísperas de las elecciones del 28M.

La Comunidad de Madrid ha declarado que la Ley de Vivienda nacional invade las competencias autonómicas y utiliza el derecho a una vivienda digna establecido en la Constitución Española para «justificar la intervención en la economía, los territorios y las personas».

Según el gobierno regional, este derecho no es subjetivo ni fundamental, «como pretende imponer la nueva ley», sino que se trata de una configuración legal cuyos límites están establecidos en la propia Constitución. Además, consideran que la función social de la vivienda no puede limitar el derecho de propiedad.

La Comunidad de Madrid concluye que, ya que su objetivo es defender los intereses de las personas, «se tomarán las medidas necesarias contempladas en la normativa vigente para proteger la región y sus competencias constitucionales de las posibles injerencias intervencionistas e inaceptables».

Negociaciones intensas y divergencias

La normativa de la Ley de Vivienda fue uno de los compromisos alcanzados por los socios de coalición en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, pero también motivó una intensa negociación entre el PSOE y Unidas Podemos, quienes tuvieron que resolver sus diferencias antes de que se aprobara en el Consejo de Ministros.

La ley llegó al Congreso en febrero de 2022, y después de superar el debate de totalidad en marzo del mismo año, tardó dos meses en ser aprobada para la presentación de enmiendas parciales, a pesar de que los socios del Gobierno solicitaron que se tramitara de urgencia.

Durante este proceso de enmiendas, surgieron nuevas divergencias, ya que Unidas Podemos presentó enmiendas parciales al texto, argumentando que sin incorporar más avances, la norma no sería aceptada por ERC y Bildu, cuyo voto es esencial para su aprobación parlamentaria. Mientras tanto, el PSOE criticó que se salieran del marco consensuado en el seno del Ejecutivo, pero también mantuvo contactos con las dos fuerzas independentistas.