Huelga de letrados: Pilar Llop rechaza volver a la negociación esta semana

Sin acercamiento entre el ministerio de Justicia y los letrados de la Administración de Justicia (LAJ). La huelga continuará, y va para largo. Tras el fracaso de la reunión del jueves pasado que duró 15 horas, el comité solicitó este domingo al departamento que dirige Pilar Llop retomar la negociación esta semana, pero desde el Gobierno han declinado esta opción por motivos de agenda, según ha informado el comité de huelga, que ha critica que se ha enterado por la prensa de que no será hasta el 1 de marzo cuando el ministerio vuelva a sentarse en la mesa de negociación.

«Esto es sencillamente escandaloso», han asegurado los letrados este martes a través de un comunicado. «Cuando siguen suspendiéndose miles de actuaciones judiciales cada día en España, y cuando siguen bloqueados cientos de millones de euros, Pilar Llop no tiene tiempo en la agenda para resolver el problema más grave que se recuerda en la Administración de Justicia, y prefiere irse de tourné a Gijón, aunque su actitud siga perjudicando al servicio público y a los ciudadanos», han insistido.

Son ya 28 días de parón -21 laborables- que han provocado la suspensión de más de 100.000 vistas y juicios y el bloqueo de cerca de 1.286 millones de euros en toda España y unos 295 millones en Madrid, según los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder judicial. Por ello, desde el comité piden que sea el propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el que «tome cartas en el asunto» y ordene la convocatoria de la mesa de negociación para que pueda solucionarse el conflicto.

Posturas alejadas

De momento, desde el ministerio de Justicia no están dispuestos a conceder las mejoras salariales y laborales exigidas por los letrados. Sobre todo por un motivo: no se trata de trabajadores que quieren llegar a fin de mes o que peligran sus puestos de trabajo. «Es una huelga de personas privilegiadas que cobran de 40.000 a 60.000 euros al año», cargó el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, al término de la reunión del pasado viernes.

Desde el comité consideron que estas declaraciones fueron «desafortunadas». «Evidentemente hay muchas personas que tienen grandes dificultades económicas y nosotros no estamos en esa situación, pero lo que estamos pidiendo es algo tan legítimo como una retribución ajustada por el trabajo que hacemos», comentó Xoán Yáñez, portavoz del comité de huelga, en conversación con este medio. Sobre todo porque en los últimos tres años se han producido una serie de reformas en el sector que han provocado una mayor carga de trabajo para los letrados.

Mayor carga de trabajo para los letrados

Desde 2019 se ha implantado un nuevo modelo judicial que, en vez de estar basado en los juzgados, donde pequeñas unidades de unas diez personas realizan todas las tareas y llevan un asunto de principio a fin, se organiza por fases procesales. Esto quiere decir que un servicio se encarga de iniciar el proceso, otro de la tramitación, el enjuiciamiento le corresponde a los jueces y es otro servicio el que realiza la ejecución. Lo que ha ocurrido, explica Yáñez, es que «la implantación de ese modelo exigía atribuir las sanciones procesales a alguien que no fuera el juez, porque esta figura se dedicaría solo a dictar sentencia».

Sin embargo, este nuevo modelo no llegó a implantarse de forma mayoritaria en España, pero sí que se modificaron procesalmente todas las leyes. Fue en ese momento cuando los letrados de la administración de justicia, que entonces eran secretarios judiciales, pasaron a adquirir funciones que antes eran de los jueces. Y he aquí una de las principales reivindicaciones de esta huelga: que el salario de los letrados corresponda al 85% del de los jueces. «Consideramos que sería una retribución ajustada a nuestro nivel de responsabilidades y competencias actuales», incide el letrado.

Pero desde la cartera que preside Llop no lo ven igual. De hecho, el pasdo encuentro estuvo lleno de reproches y en ningún momento se acercaron posturas. Ambas partes situaron a la ciudadanía como la principal víctima de este desacuerdo. «Esta actitud tan obstruccionista del ministerio de retrasar todo, de buscar el agotamiento, lo que hace es crear un grave perjuicio al servicio público, al ciudadano, a los profesionales», aseveró Yáñez. Y mientras tanto, «la justicia está totalmente parada», advirtieron desde el comité.