La fiscalidad de Yolanda Díaz con Sumar: armonizar Sucesiones, endurecer Sociedades y limitar las SICAV a ricos

La configuración de la candidatura de Yolanda Díaz con Sumar avanza, aunque a paso lento. La presentación de las líneas maestras de lo que conformará el proyecto político de la plataforma para las elecciones generales, 35 documentos que sirven de borrador base para el futuro programa, deja algunas pistas de por dónde la vicepresidenta segunda del Gobierno y los suyos quieren que vaya su «proyecto de país para la próxima década progresista». Eso sí: lo propuesto no es más que «medidas amplias, no medidas concretas», aunque destacan su voluntad de invertir el 1% del PIB en vivienda pública y el 7% en educación, el cierre de los CIE, la sugerencia de un nuevo modelo para elegir al Poder Judicial a través de las autonomías, incluir el psicólogo o el dentista dentro de la cobertura gratuita de la Seguridad Social o la promoción del voto a los 16 años.

En el caso concreto de la fiscalidad, la propuesta base es muy concreta: armonizar el Impuesto de Sucesiones en todo el país, endurecer el de Sociedades y limitar la participación de las clases altas en las SICAV. «Defender una mayor capacidad recaudatoria del Estado para utilizar esos recursos en las políticas públicas que necesitamos para abordar los desafíos colectivos a los que nos enfrentamos no debe confundirse con asumir el ‘equilibrio presupuestario’ como el objetivo principal (y ni siquiera la restricción básica) de quien gestiona las finanzas públicas», propone Sumar en su texto relativo a lo económico.

«Es perfectamente legítimo financiar con deuda políticas públicas cuya rentabilidad económica y social supera los costes de esa financiación, beneficiando también a las generaciones futuras», ahondan. Lo cierto es que ninguna de las medidas incluidas son definitivas: todas son susceptibles a cambios por sus inscritos para ser sustituidas por otras a través de una web abierta al público, aunque la dirección de los llamados grupos de trabajo de la aún plataforma ciudadana pueda ejercer el derecho a veto. El proceso estará culminado a finales de verano.

Impuesto de Sociedades

Sumar busca con respecto al Impuesto de Sociedades limitar la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, estableciendo nuevos máximos tanto del número de años en los que se puede realizar la práctica como su cuantía total. ¿Cómo? Primero, revisando y recortando las deducciones, exenciones y correcciones que han proliferado y aumentado la complejidad del impuesto, lastrando su rendimiento, y aproximar el tipo efectivo al nominal, evitando que la mayor carga fiscal recaiga sobre las pymes.

Después, se aspira a modificar en profundidad el tratamiento fiscal de los beneficios y plusvalías que obtienen las grandes empresas en el exterior, así como las excesivas ventajas en la consolidación de cuentas en los grupos internacionales, incluyendo la eliminación de la deducción de gastos financieros para financiar las inversiones realizadas fuera de España.

Finalmente, el proyecto de Yolanda Díaz quiere introducir un tipo efectivo mínimo del 15 % sobre los beneficios de la empresa, en línea con lo que se avanza en la OCDE en la denominada estrategia BEPS. Así, ninguna empresa tributaría por debajo de este umbral, con independencia de las deducciones, reducciones, exenciones y beneficios a los que tengan derecho.

Sucesiones y Patrimonio

Sumar considera «necesario» recuperar la capacidad recaudatoria del impuesto sobre sucesiones y donaciones en toda España, porque, a sus ojos, las herencias «son hoy un importante factor de desigualdad y generan, en ocasiones, una gran capacidad de pago que no esta siendo gravada». No es lo único: también creen que el Impuesto de Patrimonio podría transformarse, en el marco de una reforma tributaria, en un Impuesto sobre las grandes fortunas de carácter permanente.

En él se debería establecer, «dada una escala estatal claramente progresiva, un mínimo para todas las comunidades autónomas, evitando las bonificaciones autonómicas al 100 % de la cuota y mínimos exentos similares a los vigentes en el impuesto sobre patrimonio». Asimismo, ven relevante limitar la exención de participaciones societarias a negocios individuales y empresas de reducida dimensión, y reducir el límite de la cuota íntegra por debajo del 60 % actual de la suma de las bases imponibles del IRPF, «para evitar que las personas que derivan enormes rentas a través de Sociedades reduzcan este impuesto».

«En la actualidad -afirman- este límite beneficia a poco más de 4.000 contribuyentes con patrimonios de más de seis millones de euros, que dejan de contribuir más de 1.500 millones de euros», insisten.

Limitar las participaciones en SICAV

En esta misma línea de evitar la elusión de las grandes fortunas, Yolanda Díaz y los suyos proponen examinar cuáles son los efectos de los cambios recientes en los requisitos para participar en una SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable). El objetivo no es otro que valorar si resulta necesario establecer un límite máximo en el porcentaje de participación en uno de estos instrumentos financieros de inversión. Lo que proponen se sitúa entre el 2 % y el 5 % del capital social máximo de la SICAV.