El Gobierno apremia a Castilla y León para que no aplique el nuevo protocolo contra el aborto

El Gobierno ha enviado un requerimiento formal a la Junta de Castilla y León este domingo para que «se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)». El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha avisado de manera formal al gobierno regional de PP y Vox de que «utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente».

«El Gobierno de España velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna», ha explicado el Gobierno en un comunicado.

La polémica viene del anuncio por parte del vicepresidente castellanoleonés, Juan García-Gallardo (Vox), de un nuevo protocolo que obligará a los profesionales sanitarios a realizar una ecografía 4D y una escucha del latido fetal a las mujeres que decidan interrumpir la gestación. Así se publicó en la propia web oficial de la Consejería de Sanidad autonómica, en manos populares, aunque después el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), haya desmentido que vayan a implantarse estas medidas de carácter antiabortista.

Ante esta situación, los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están «en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes»

Cesar de «inmediato» las medidas que se vayan a aplicar

En concreto, el Ministerio de Sanidad ha enviado esta misma tarde un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla y León, donde se le solicitan varias cuestiones. En primer lugar, lo anteriormente mencionado de abstenerse de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Después que, en caso de haber sido ésta ya adoptada, se cese inmediato cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término.

El Gobierno baraja acciones legales

También se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas. Además, que se comunique de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.

En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido íntegra e inmediatamente por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.

Además, el Gobierno estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma.