Bruselas cifra en 9.300 millones el ajuste que debe hacer el Gobierno en 2024
Bruselas también pide agilizar el plan de recuperación español y retirar las medidas energéticas antes del próximo año
La Comisión Europea (CE) ha recomendado este miércoles a España que limite el aumento del gasto público primario al 2,6% como máximo en 2024 para lograr el recorte del déficit estructural del 0,7% que le pide para ese ejercicio, equivalente a 9.289 millones de euros.
El informe del Ejecutivo comunitario anticipa ya que España cumplirá con esta recomendación puesto que calcula que el aumento del gasto primario será del 1,4% el año que viene, según sus previsiones macroeconómicas de Primavera, publicadas a principios de este mes. Se trata así, de un mensaje de cierta tranquilidad a tres días del 28-M: la Comisión Europea evita así ‘intervenir’ en la campaña electoral.
«Teniendo en cuenta las consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3% del PIB, sería adecuada una mejora del déficit estructural de al menos el 0,7% del PIB para 2024″, señala el Ejecutivo comunitario en sus recomendaciones de política fiscal para España de cara a la elaboración del presupuesto del año próximo.
Para asegurar esa mejora, añade la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado nacionalmente -sin tener en cuenta el pago de intereses, prestaciones por desempleo, fondos europeos y medidas discrecionales de ingresos- «no debería exceder el 2,6 %» en 2024.
El Ejecutivo comunitario recuerda que el Programa de Estabilidad que le remitió el Gobierno en abril prevé que en 2024 el déficit público se reduzca al 3% del PIB, «en línea» con sus propias proyecciones, que lo sitúan en el 3,3%, y la deuda pública baje al 109,1%, la misma cota que prevé Bruselas.
Plan de recuperación
Al mismo tiempo, la Comisión Europea sugiere a España que mantenga los niveles de inversión pública y que garantice la «absorción» de las ayudas procedentes del fondo de recuperación y de los fondos de otros programas de la UE.
De hecho, insta al Gobierno a «mantener el impulso» para una «rápida» ejecución del plan español de recuperación y también a presentar pronto la actualización del mismo para tener acceso a otros 10.000 millones en ayudas directas y a los 84.000 millones de euros en créditos que el país tiene asignados.
Retirada de medidas energéticas
Dentro de este capítulo de recomendaciones fiscales, el Ejecutivo comunitario pide a España que retire como muy tarde al cierre de 2023 las ayudas desplegadas al calor de la crisis energética, que estima actualmente en un 0,6% del PIB, empezando por las más universales.
Bruselas se refiere, por ejemplo, a las reducciones del IVA del gas y de la electricidad, que han sido prorrogadas precisamente hasta final de año, y propone a las autoridades españolas que utilicen los «ahorros» derivados para «reducir el déficit público».
El texto añade que, en caso de que los precios energéticos se disparen de nuevo y sean necesarias nuevas medidas, éstas deben estar orientadas a proteger a los hogares y las empresas «vulnerables», así como que deben ser «asumibles» desde el punto de vista fiscal y deben «preservar los incentivos para conseguir ahorros energéticos».
En esta línea, las recomendaciones también instan a España a seguir reduciendo el uso de combustibles fósiles y a acelerar el despliegue de energías renovables, por ejemplo, simplificando y digitalizando los procedimientos de autorización, mejorando el acceso a las redes e invirtiendo en almacenamiento energético e interconexiones transfronterizas.
De la misma forma, pide a las autoridades españolas que aumenten la disponibilidad de casas eficientes desde el punto de vista energético a través de medidas como la renovación y electrificación de edificios, así como que apoye la formación de trabajadores necesarios para la transición verde.
