España medirá el éxito de su presidencia europea con la reforma del mercado eléctrico

La reforma del mercado eléctrico europeo, impulsada por la delegación española socialista en la Eurocámara, tiene en el pleno que se celebra desde este lunes en Estrasburgo una cita clave: seguir adelante con la tramitación o por el contrario ralentizar o incluso bloquear una propuesta que, a grandes rasgos, busca dar mayor estabilidad a los precios de la energía, blindar el suministro a los hogares vulnerables y avanzar hacia un sistema eléctrico basado en energías renovables para alcanzar el objetivo del 45% del consumo verde en 2030.

España está liderando en toda la Unión esta reforma, como ya hizo con el tope a los precios del gas, pero el tiempo juega en contra: si esta reforma no sale aprobada como muy tarde antes del pleno de la Eurocámara del próximo mes de febrero (en abril es el último pleno porque ya las instituciones se preparan para las elecciones europeas de junio de 2024), la iniciativa decaerá. De ahí que las negociaciones entre grupos y entre delegaciones de distintos países en estas últimas horas sean clave para que esta propuesta -cuyo ponente es el socialista gallego Nicolás González Casares– pueda seguir su curso o no.

El próximo pleno, que se celebra desde este lunes 11 de septiembre al jueves 14, el primero del curso político es clave: el lunes González Casares presentará el texto ante la presidenta de la cámara, Roberta Metsola, y el jueves está prevista la votación del plenario, que significa continuar o no con la tramitación.

Según explica el ponente a este medio, el principal temor es que Francia, con sus intereses en la energía nuclear, y Polonia, en el carbón, «torpedeen la tramitación» con la incorporación de nuevas enmiendas que alarguen la tramitación de un texto, «que podría salir adelante en tres semanas o en tres meses», advierte el eurodiputado que, con todo, se muestra optimista respecto a la negociación

En el seno de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo, la iniciativa ya concitó el pasado julio el voto a favor del PSOE, de Los Verdes, de Renew (donde se incluyen los eurodiputado de Ciudadanos en la cámara) y también de los diputados del Partido Popular. En concreto, fue aprobada por 55 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, por lo que obtuvo el apoyo para entrar en negociaciones en los llamados trílogos, entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo.

La reforma en sí cambia varias directivas y un reglamento. En este caso, los cambios en los reglamentos de la UE, al ser ley en toda la Unión, entran en vigor de manera inmediata; en el caso de las directivas sí que necesita transposición a las legislaciones de los estados. Por lo que, de aprobarse, marcará un antes y un después en la política energética común.

Según distintas fuentes comunitarias consultadas por Economía Digital, «este proyecto es una de las medidas principales que medirán el éxito de la presidencia española en la Unión Europea«, un mandato marcado por la celebración de las elecciones generales el pasado 23J y el escenario de incertidumbre abierto desde entonces, con una previsible investidura fallida de Núñez Feijóo y una negociación polémica de Pedro Sánchez con Junts y su líder fugado, Carles Puigdemont, eurodiputado en esta legislatura que encara sus últimos meses.

De hecho, aunque ya ha empezado la ronda de comparecencias de los distintos ministros del Gobierno en funciones en las comisiones del Parlamento Europeo para exponer las prioridades de sus departamentos durante la presidencia española, todavía no hay fecha para la participación del presidente Pedro Sánchez en esta ronda de intervenciones, toda vez que canceló su discurso en el pleno del Parlamento europeo que arranca este lunes 11 de septiembre.

Según fuentes comunitarias consultadas por este medio, todavía no está claro si Sánchez expondrá los ejes de su presidencia en los plenos de octubre -que se celebrarán del 2 al 5 y del 16 al 19- o por el contrario escogerá el pleno de diciembre para realiza un balance de sus seis meses de su presidencia.

Sea en una fecha u otra, el sello que España deje en la política energética europea será decisivo para calibrar su peso en la UE, fortalecido por el tope ibérico, la respuesta ideada por el ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera al escenario de precios desbocados por la crisis de abastecimiento por la invasión de Rusia a Ucrania y que, a la postre, ha servido de inspiración para otros países comunitarios y ha logrado contener los precios de la energía.

Acuerdo de precios ante las crisis energéticas

En detalle, la propuesta de reforma del mercado eléctrico tiene seis puntos principales: la primera es la protección ante desconexiones para clientes vulnerables, de modo que los estados miembros deberán prohibir por ley las desconexiones de clientes vulnerables; en segundo lugar, se blindará por ley el derecho a compartir la energía entre consumidores y entre empresas.

Además, la reforma incluye una herramienta para la estabilización de precios, que puedan limitar las ganancias extraordinarias y canalizar el exceso de ingresos hacia los consumidores, pero también evitar posibles pérdidas en caso de que los precios sean demasiado bajos,

Asimismo, la propuesta contempla el acceso a energía asequible durante una crisis de precios de la electricidad. De hecho, el texto rebaja los umbrales propuestos por la Comisión para declarar una crisis energética y permite a los Estados ampliar los precios minoristas regulados a los hogares, las pymes y los consumidores industriales con consumo intensivo de electricidad en una crisis. Así como un esquema Europeo de Subastas de Energías Renovables, con el objetivo de complementar los esfuerzos de los Estados miembros para alcanzar el objetivo del 45% de energía renovable para 2030.

El pleno del Parlamento europeo será, por tanto, una de las citas más importante del calendario comunitario de este curso político hasta que se celebren las elecciones europeas, del 6 al 9 de junio de 2024 ya que, como es habitual, acogerá el discurso de Ursula Von der Leyen sobre el estado de la Unión, el último de su mandato como presidenta de la Comisión Europea.

La dirigente comunitaria aprovechará además para hacer balance de lo que ha sido su mandato desde 2019, marcado por la gestión de la crisis de la Covid 19 y la respuesta europea del ataque de Rusia a Ucrania, y debatirá con los eurodiputados sobre los planes de la Comisión hasta final de su mandato.