Tabla rasa institucional, los costes de la parálisis
En un giro de guion inesperado, Pedro Sánchez, anunciaba recientemente la convocatoria de elecciones generales. Se celebrarán el domingo 23 de julio, medio año antes de lo previsto. La convocatoria anticipada de elecciones no sólo supone una jugada de alto riesgo desde el punto de vista político. La suspensión del Pleno del Congreso implica la paralización de todos los trámites parlamentarios y, por lo tanto, de decenas de leyes que se encontraban en tramitación, algunas de ellas, reformas de calado en el plano económico y regulatorio.
La imprevisible convocatoria electoral ha hecho que se detengan en seco más de cincuenta proyectos legislativos recientemente acordados. La legislación española fuerza a iniciar de cero la tramitación de los proyectos activos en el momento de convocar elecciones, lo que en este caso implicará un retraso de entre dos y tres años para casi sesenta normas. Esto no es necesariamente malo, si tenemos en cuenta la innumerable cantidad de chapuzas legislativas de las que hemos sido testigos los últimos años. Para muestra, la mal llamada Ley por el Derecho a la Vivienda. Sin embargo, el anticipo electoral también bloquea reformas importantes para la competitividad de algunos sectores económicos.
Paralización de leyes
Una de las leyes paralizadas es la Ley de Movilidad Sostenible. Una reforma integral del sector del transporte que tendrá que esperar varios meses más, perdiendo la oportunidad de modificar aspectos importantes como la desventaja competitiva entre el transporte de viajeros por carretera y el servicio en ferrocarril, así como el enorme déficit de puntos de carga e infraestructura eléctrica en España en relación con nuestros vecinos europeos. La ley abría la puerta al establecimiento, por parte de los ayuntamientos, de peajes urbanos de congestión, en línea con ciudades europeas como Londres, Estocolmo, Oslo, Milán y Goteburgo. El texto aprobado también promovía el uso de datos abiertos sobre movilidad para la generación de nuevas oportunidades de negocio, así como la creación de un sandbox de la movilidad como espacio de pruebas regulado.
También en el Senado se encontraba la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, siguiendo la estela de Francia e Italia. El proyecto de ley buscaba reducir los 1.300 millones de kilos de alimentos que se tiran al año, unos 31 kilos por persona, obligando a todos los actores de la cadena alimentaria a contar con un plan de prevención del desperdicio de alimentos.
Herramientas relevantes para luchar contra la actual coyuntura económica adversa, como por ejemplo la rebaja fiscal sobre la factura eléctrica o los programas de apoyo a la inflación, también quedan decapitadas, tras casi dos años de despliegue de los fondos NextGenEU, con grandes complicaciones administrativas, un marco regulatorio poco claro y un desánimo generalizado de la clase empresarial sobre su efectividad. En este sentido, se detiene la modificación legislativa que debía permitir flexibilizar el requisito de tener un 100% de facturas pagadas por debajo de sesenta días para acceder a los PERTE, lo que provocará que algunas de las convocatorias queden desiertas.
Finalmente, la nueva Ley de Función Pública estaba todavía en un estado menos avanzado, pendiente de informe en comisión. Una reforma que suponía un cambio sustancial en el acceso a la función pública, modificando por completo tanto las pruebas de acceso como los regímenes de promoción y ascensos.
La paralización de estas leyes responde a uno de los vicios que caracterizan nuestra arquitectura institucional: hacer siempre tabla rasa de los trabajos anteriores y empezar de nuevo cada vez que entra un nuevo gobierno – en este caso incluso en mitad de la legislatura. Los cambios de gobierno conllevan ceses en masa y una pérdida absoluta de conocimiento estratégico.
España, es uno de los países en el que cambian más los altos directivos con un cambio de gobierno
De hecho, el informe anual de la OCDE sobre gobernanza y finanzas públicas constata que España es, junto con Turquía, el único país en el que cambian entre el 95 y el 100% de los altos directivos públicos cuando se produce un cambio de gobierno. Esto es así porque las estructuras directivas del sector público tienen una elevadísima penetración de los partidos. Nuestras instituciones conciben la alta dirección pública como bolsas de clientelismo político de las formaciones de gobierno.
De hecho, la mitad de los altos cargos públicos cambiarán su titular a partir del mes de agosto. Estos nombramientos de carácter discrecional inciden negativamente en la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos, la calidad institucional, y la eficacia y eficiencia de la gestión pública (Dahlstrom y Lapuente, 2018).
Todos estos cargos directivos podrían ser designados mediante criterios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y competencia, similares a los de la empresa privada, y separando su periodo en el cargo del ciclo electoral. Así lo han hecho innumerables democracias avanzadas, no sólo los países anglosajones o escandinavos, sino también nuestro vecino Portugal.
Solo la cultura patrimonial y la visión estrecha de una política de corto plazo pueden justificar que con cada cambio de gobierno o de consejeros se renueven los equipos directivos que, comienzan, así, a aprender sobre una hoja en blanco. Costes elevadísimos en tiempo, en políticas y en dinero. También en (peores) servicios a la ciudadanía.