De la España del artículo 155 al independentismo del artículo 92
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La proposición de ley de amnistía presentada por Pedro Sánchez en el Congreso de Diputados el pasado martes ha movilizado a gran parte de la sociedad contra ella, al considerarla una ley basada en el mercadeo político y no en las convicciones.
Uno de los aspectos más interesantes del acuerdo firmado entre el PSOE y Junts per Catalunya es que Junts indica, al referirse a la celebración de un referéndum de autodeterminación, que lo impulsará amparándose en el artículo 92 de la Constitución.
El artículo 92 implica que el referéndum de autodeterminación se podrá realizar si es convocado por el Rey, tras ser propuesto por del Presidente del Gobierno, estar previamente autorizado por el Congreso de Diputados y ser de carácter consultivo a todos los ciudadanos.
Un aspecto nada menor, pues la amnistía propuesta es, en cierta medida, el resultado de que el Estado aplicase el artículo 155 de la Constitución, permitiendo al gobierno actuar sobre la autonomía catalana y establecer que el referéndum ilegal del 1 de octubre y la breve, pero intensa, proclamación de la República catalana incumplían las obligaciones impuestas por la Constitución. Hemos pasado de la España del artículo 155 al independentismo del artículo 92 de la Constitución.
Hemos pasado de la España del artículo 155 al independentismo del artículo 92 de la Constitución
En este contexto, la proposición de ley de amnistía defendida por Pedro Sánchez permite observar hasta qué punto la situación política en Cataluña ha cambiado, evolucionando del independentismo unilateral a un independentismo constitucional.
No hay duda de que tanto ERC como Junts buscarán la forma de tensionar al Estado para propiciar un referéndum de autodeterminación que sea vinculante y sobrepase los límites de una simple consulta. Sin embargo, ambos partidos saben que, de repetirse los acontecimientos acaecidos en octubre de 2017, se volverá a aplicar el artículo 155 que cerrará todas las puertas a plantear una nueva amnistía.
Los que critican la proposición de ley de amnistía hacen bien, pues es necesario que las bases del PSOE no solo se queden con los aspectos positivos de la amnistía, que les permite retener el poder político y abrir una nueva etapa política en Cataluña, sino que también observen la dificultad de establecer una legislatura marcada por una decisión política que prioriza la necesidad de obtener los votos necesarios de Junts a las convicciones políticas.
El acuerdo entre PSOE y Junts pone en marcha una legislatura que, además, estará marcada por la presión de Bildu para desbancar a PNV en Euskadi, por la guerra interna entre Podemos y Sumar, por la disputa entre ERC y Junts de la hegemonía independentista y por la inestabilidad económica de los posibles acuerdos entre PSOE y Sumar.
El éxito o fracaso de la arquitectura política impulsada por Pedro Sánchez no dependerá de la amnistía, que ahora será el poder judicial el que determinará si es posible o no en base a la ley, sino de cómo logra ser árbitro y parte de los conflictos que se irán produciendo en el interior de los partidos en los que se apoya para poder gobernar.