El exprimidor de Puigdemont
La recta final de la negociación de Pedro Sánchez con los secesionistas catalanes les está saliendo a pedir de boca. A Sánchez, no. A ellos. Al condenado por malversación, posteriormente indultado, Oriol Junqueras, y al prófugo Puigdemont. La amnistía “per tothom” implicado en el ‘procés’.
Una primera rebaja de la condonación de la deuda de una de las comunidades más endeudadas de España. Un relator. Compromiso de referéndum. Reconocimiento nacional de Cataluña. Más inversiones. Traspaso de la propiedad del transporte ferroviario de Cercanías. La lotería y el Niño. Con algunos desajustes que Puigdemont quiere limar a su aire para recobrar el protagonismo que le había robado Junqueras el jueves y para dejar claro que es él quien marca los tiempos a “tothom”. Un recado a su rival de ERC y al propio presidente en funciones, que ya no sabe qué más concesiones puede hacerle para que se avenga a soltar la presa de sus siete escaños en el Congreso de los Diputados y él los pueda coger al vuelo.
En Junts están haciendo lo posible para transmitir que sus discrepancias van en serio y que distan mucho de ser un ‘postureo’. El lenguaje empleado por Jordi Turull no ha podido ser más gráfico en este pulso en el que los neoconvergentes se lo toman como un torneo bélico: “No dejaremos tirado a ningún soldado”. Y en este plan. Puigdemont quiere exprimir a sus interlocutores hasta la última gota. Y que la amnistía se puede extender a casi todo su ‘batallón’. Esto englobaría desde la familia Pujol hasta su propio abogado Gonzalo Boye.
La pugna entre ERC y Junts ha ido encareciendo la subasta. En fondo y forma. Y en la recta final, el prófugo de Waterloo ha decidido apretar un poco más la corbata de Pedro Sánchez. Al fin y al cabo, después de seis años de vida contemplativa y conspiranoica, él no tiene la urgencia del presidente en funciones para lograr su investidura. De todas formas, nadie descarta que se llegue a sellar el pacto, a no ser que aparezca, en el minuto de prórroga, lo que llama Nassim Taleb un “cisne negro” que acabe por desbaratarlo todo.
Y en la recta final, el prófugo de Waterloo ha decidido apretar un poco más la corbata de Pedro Sánchez
Sánchez ha dado legitimidad a una nueva ‘casta’ política
Con las concesiones acordadas hasta ahora entre el PSOE y ERC, Pedro Sánchez ha dado legitimidad a una nueva casta política. La casta secesionista catalana, que le ha arrancado privilegios penales y económicos que no les está permitido al resto de ciudadanos.
El acuerdo plantea una colisión con la legitimidad constitucional al asumir la existencia de un conflicto político en Cataluña. Sánchez ha abandonado a la mitad de la sociedad catalana que defendió la libertad de enseñanza y combatió el ‘apartheid’ lingüístico de la Generalitat, que se ha negado sistemáticamente a cumplir la ley que le obliga a impartir la enseñanza en castellano en un 25%, por ejemplo.
El acuerdo plantea una colisión con la legitimidad constitucional al asumir la existencia de un conflicto político en Cataluña.
¿Qué fue de aquel emplazamiento de Sánchez a los gobernantes catalanes de que resolvieran el conflicto que tenían en Cataluña con sus propios ciudadanos? Se ha esfumado por el mismo sumidero por donde escaparon las referencias al cumplimiento de la ley y la negativa a conceder indultos y amnistías. Después de estos acuerdos, el ‘procés’, lejos de haber desaparecido, se ha extendido como una balsa de aceite hasta la Moncloa, en donde han asumido todo el relato de los secesionistas.
¿Dónde ha quedado ese mensaje tan descarado, por mentiroso, de la ministra María Jesús Montero, asegurando que el PP se estaba inventando que habría una condonación de la deuda para Cataluña?
Este es el proceso de la humillación. No ya para Sánchez y su corte de ministros y portavoces como Salvador Illa, dispuestos a inmolarse, desmintiéndose a sí mismos cuantas veces haga falta, sino para el Estado. Una humillación para todos los ciudadanos que queremos preservar el Estado de derecho y la separación de poderes.
Van a deshacer todo lo que han hecho los tribunales
Pedro Sánchez, obsesionado en negar la alternancia, en impedir que gobierne el centro-derecha aunque haya ganado en las urnas, se justifica diciendo que está haciendo “de la necesidad, virtud”. Una extraña virtud que consiste en enmendar la plana al Tribunal Supremo. Si esto no es injerencia del gobierno en el poder judicial, se le parece mucho. La clave la dio Junqueras al referirse a la corrección de “sentencias marcadamente injustas”.
Van a deshacer todo lo que han hecho los tribunales. Seis años de trabajo del juez Llarena, en vano. Las sentencias del procés del Tribunal Supremo, con Manuel Marchena al frente, desautorizadas por el propio gobierno. Se está vaciando el sistema democrático. El Estado va a quedar indefenso ante nuevos desafíos de los secesionistas que, una vez liberados del delito de sedición y amnistiados, “ho tornarán a fer”. Hablan de desjudicializar la política cuando lo que están haciendo ellos es politizar la Justicia.