Democracia y autoridad
Con frecuencia se cita la frase de Franco en lo que concierne a dejarlo todo “atado y bien atado”, como el fracaso de su intento de continuismo. Efectivamente, la democracia se impuso, entre otras cosas porque, en el contexto europeo, la continuación de la dictadura era inviable. Sin embargo, siempre he estado convencido de que el franquismo nos dejó algunas hipotecas que se ha tardado en superar o solo se han superado parcialmente. A mi parecer, una de ellas ha sido el desprestigio de la autoridad.
Probablemente en ningún otro país de Europa la autoridad, ya sea en forma de Magistratura y/o de fuerzas de orden público, goza de tan poca confianza ciudadana, a pesar de las décadas de democracia transcurridas. Y no es de recibo justificarlo en los errores de una de aquellas dos, que los ha habido y los hay.
Cuestionar la autoridad
Podría esperarse que en una sociedad como la actual, en la que los nacidos en democracia constituyen la mayoría, el fenómeno de cuestionar la autoridad habría desaparecido o estaría en vías de hacerlo. Pero todo apunta a que no es así. La afirmación, que me parece incuestionable, referente a que en una democracia la autoridad es legítima y debe ejercerse, no creo que, desgraciadamente, despierte mucho entusiasmo. La razón (al menos en parte, ya que no hay que descartar cosas como la memoria familiar) es, según mi opinión, la irrupción en los últimos años del populismo de Podemos y aledaños; entre ellos los comunes catalanes.
El cuestionamiento dogmático de la Transición lleva a dudar de la legitimidad de la autoridad que emana de las instituciones democráticas. La permisividad con el fenómeno de la “okupación”, en plena efervescencia estos días en Barcelona, es un buen ejemplo.
Okupación
Vayamos por partes. La “okupación”, por conservar esa pseudo ortografía, no es solo un problema de falta de respeto a la propiedad privada, sino de cuestionamiento de la convivencia cívica. Considero legítimo que, en el marco de la democracia, se cuestione la propiedad privada y que, incluso, se luche por abolirla, a fin de sustituirla por un sistema, a grandes trazos, colectivista. Ahora bien, mientras llega ese momento, más o menos utópico o realizable, se deben respetar las leyes, aunque haya voluntad de cambiarlas. Desde ese punto de vista, la “okupación” supone cuestionar la democracia globalmente, lo que no es justificable, por muy injusta que sea la distribución de la propiedad inmobiliaria.
La segunda cosa a tener en cuenta es que mientras ciertos tipos de allanamiento son comprensibles, que no quiere decir justificables, desde el punto de vista social y humano, otros no lo son en absoluto.
Colau ha intentado camuflar su rotundo fracaso a las promesas de crear un masivo parque de vivienda pública
Entre los primeros están, por supuesto, los de familias que se encuentran literalmente en el arroyo, en gran parte porque en España la vivienda social está todavía por inventar. Pero lo que no pueden hacer los responsables públicos es jugar a la demagogia igualitaria para ocultar su incapacidad para resolver, o simplemente enfocar, el problema.
Eso es lo que ha hecho, y sigue haciendo, por ejemplo, la señora Colau con total desfachatez, en un intento de camuflar su rotundo fracaso respecto a las promesas de crear un masivo parque de vivienda pública. Por supuesto que ella, y su entorno, debían ser conscientes de que sus anuncios en ese campo, como en otros, se los llevaría el viento. Pero nuestra alcaldesa, que no es otra cosa que una activista sobrevenida en política, sabía que con su demagogia podría sacar su particular provecho de la situación dramática de muchas familias. Conocemos la verborrea: fondos buitre, especuladores, etc.
Pero hay también otro tipo de “okupación”, con el que no cabe ni la conmiseración, ni la tolerancia. Me refiero, por ejemplo, a los protagonistas de los allanamientos de la Bonanova, o a los del antiguo local de la Escola Massana. Barcelona cuenta ya con unos cuantos años de conflicto protagonizados por toda una pléyade de ácratas individualistas, que juegan al antisistema.
Para muchos de ellos se trata de una especie de juego iniciático, de forma que, después de pasarse unos meses viviendo la “revolución”, vuelven a casita, donde siempre se está mejor, con mamá y la lavadora. Rápidamente, serán sustituidos por otros candidatos a vivir un tiempo “peligrosamente”. No me extrañaría que se acabara pagando traspasos por una plaza en una de esas comunas de “okupantes”.
Parece ser que Barcelona tiene el récord español en tal tipo de fenómeno. A su vez, nuestro país sería globalmente mucho más permisivo que otros de nuestro entorno. Por supuesto que Francia, donde el problema se resuelve rápidamente. El lío viene de antiguo, pero el referido populismo podemita, y en Barcelona de los Comunes, por supuesto, que lo ha consolidado. Colau se mueve como pez en el agua en esas situaciones, salvo cuando se lo ponen imposible, claro. Así, los allanadores del citado edificio de la Massana, que exigían una cesión por 50 años.
¡La cantidad de generaciones que habrían tenido acceso a la experiencia “revolucionaria»¡ En el lado opuesto, la extrema derecha intenta hacer también su agosto, defendiendo el sagrado derecho de propiedad. Y en medio, los restantes partidos, practicando el buenismo (como Trias en Can Vies), porque eso de ejercer la autoridad suena a “facha”. Con las correspondientes consecuencias políticas entre una ciudadanía con sentimiento de indefensión y a quien los “desokupas” invitan a pizza.