¿Cómo mejorar la eficiencia del sistema sanitario?
La imagen macro que ofrece el sistema sanitario español en el contexto internacional, analizada a través del gasto sanitario público sobre el PIB, del gasto per cápita, la esperanza de vida o los indicadores cualitativos de salud, es más que aceptable si nos comparamos con nuestros vecinos. Más que el nivel actual en la prestación de servicios, preocupa su deriva y tendencia, marcada por las aspiraciones de una sociedad desarrollada − y envejecida −, pero que no parece dispuesta a financiar los gastos necesarios adicionales para sufragar las nuevas tensiones que exige el mundo de mañana.
La evolución demográfica genera presión sobre los presupuestos públicos y el sistema de salud, debido al aumento de los costes de la atención médica asociada a la cronicidad y a las enfermedades de la vejez, como el cáncer, la enfermedad respiratoria obstructiva crónica, las enfermedades cardíacas, la diabetes, el Alzheimer y otras demencias –todas ellas muy costosas no solo desde el punto de vista médico, sino también en términos de requisitos para la atención formal e informal.
Además, el avance tecnológico, bajo la forma de nuevos tratamientos disponibles a precios crecientes, es otro factor de presión sobre el gasto. Particularmente, el gasto en medicamentos de uso hospitalario está sometido a una fuerte tensión alcista. Finalmente, la COVID ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los sistemas de salud pública y de vigilancia epidemiológica para hacer frente a emergencias sanitarias y evitar la propagación de nuevas epidemias.
Sin embargo, la delicada situación de las cuentas públicas españolas dificulta el poder incrementar los niveles previos de inversión sanitaria, e invita a pensar en soluciones alternativas. La deuda de las Administraciones Públicas se situó en el 116,1% del PIB en el segundo trimestre de 2022. Es por ello por lo que es necesario aumentar la eficiencia del gasto para, en la medida de lo posible, ahorrar costes sin que los resultados en salud mengüen.
Todo sistema nacional de salud tiene que replantearse anclar su gasto a partir de la financiación disponible, o bien priorizando con tijeras de podar (lo viejo permanece y lo nuevo se cuestiona), o si se quiere y sabe, con bisturí para cirugía (coste-efectividad incremental de cada intervención, según los años de esperanza de vida ajustados por calidad de vida). Cuando las finanzas públicas no se sostienen, hace falta más que nunca priorizar: qué tipo de prestaciones se ofrecen (las de mejor coste efectividad) y para los más necesitados primero. Y lo efectivo, pero de coste no asumible en el presente, a copago del cien por cien (que es lo que, de facto, supone la exclusión de catálogo sanitario público).
En un trabajo reciente del Instituto Ostrom dirigido por el economista Santiago Calvo, se analiza la eficiencia de los sistemas de salud a través del Análisis Envolvente de Datos (DEA). En primer lugar, se considera la cantidad de inputs utilizada (número de médicos facultativos, número de camas hospitalarias, número de unidades de resonancia magnética) que se puede reducir sin afectar al output (la esperanza de vida, el porcentaje de la población con valoración positiva de su estado de salud y la tasa de supervivencia infantil). En el segundo caso, se mide la cantidad de output que se puede lograr con la misma cantidad de inputs. Las estimaciones obtenidas indican que España podría usar el 96% de sus recursos sanitarios actuales y seguir produciendo los mismos resultados o, lo que es lo mismo, aumentar en un 16% la calidad de los servicios sanitarios sin incrementar el gasto público. En el análisis por comunidades autónomas, es destacable el efecto que tienen la dispersión y en envejecimiento de la población para explicar las diferencias interregionales.
Actuar sobre factores de riesgo como el tabaco, la obesidad o el consumo de alcohol y reforzar la atención primaria
El informe plantea una serie de recomendaciones para aumentar la eficiencia del gasto sanitario, entre ellas reforzar la atención primaria y la salud pública; actuar sobre factores de riesgo como el tabaco, la obesidad o el consumo de alcohol; invertir en telemedicina para ahorrar costes sustanciales en el medio y largo plazo, especialmente en poblaciones dispersas; introducir copagos farmacéuticos y en la atención sanitaria condicionados al nivel de la renta; y hacer hincapié en la evaluación continua y sistemática del coste-efectividad de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios permite descartar aquellas que no ofrecen resultados positivos y potenciar las que sí lo hacen. Esta última tarea podría ser llevada a cabo por la futura Agencia Estatal de Salud Pública en coordinación con las agencias autonómicas.
Por buena que nos parezca la situación del sistema sanitario español en la actualidad, cabe analizar su evolución en un sentido dinámico, no estático. El gasto sanitario público no va a bajar, pero es iluso extrapolar los crecimientos del pasado: pensábamos que éramos más ricos que lo que realmente se ha demostrado que somos y no vamos a poder incrementar el componente público cada año, varios puntos por encima del crecimiento del PIB. Que el ritmo se va a tener que reconducir está ya fuera de duda. Ante esta disyuntiva, solo cabe mejorar la eficiencia del gasto.