Amnistía: palabra sobrecargada  

Cada cierto tiempo aflora en la opinión pública un nuevo término político que acaba dividiendo a la sociedad. Si hace dos años el vocablo en disputa era el indulto, ahora la palabra sobrecargada de significado es amnistía.

La figura legal de la amnistía, que tiene como propósito dotar al Estado de mecanismos jurídicos que permitan perdonar determinados delitos de carácter político, está hasta tal punto saturado de significado por la contienda política, que pierde su propio significado jurídico, político y social.

Aquellos que son favorables a la amnistía de 1.432 personas acusadas o condenadas por delitos relacionados con el procés, ven en ella la única forma de lograr alcanzar la investidura; otros la entienden como un paso necesario para conseguir que cesen las causas abiertas al independentismo.

El significado de la amnistía para el PSOE y PP

La amnistía para el PSOE significa lograr la investidura, perdonar para favorecer que el independentismo vuelva a la política y se aleje de la confrontación. Para el PP, la amnistía que busca impulsar el PSOE debe ser combatida porque favorece el olvido de lo ocurrido en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que pretendía lograr la independencia de Cataluña de España. 

Ahora, la cuestión central de la figura jurídica de la amnistía política que se pretende poner en marcha es ver que los Estados la utilizan cuando ven peligrar su continuidad. Ocurrió en España con la ley de amnistía de 1977. Ocurrió en Francia con la ley de amnistía de 1989 impulsada por François Miterrand. Miterrand, que encarnó la V República, ltuvo que aprobar una amnistía de todos los delitos cometidos antes del 15 de junio de 1989, derivados de la corrupción para sufragar las campañas electorales de la mayoría de los partidos políticos.

Miterrand, viendo que el Estado francés entraba en un proceso de parálisis institucional provocada por la corrupción, habilitó el mecanismo de la amnistía para salvarlo. El caso francés permite preguntarse si está en peligro la continuidad del Estado español como consecuencia de aprobar una ley de amnistía a medida de las exigencias del independentismo.

Si la respuesta es afirmativa, no hay duda de que el Estado accionará el mecanismo de la amnistía para defender su continuidad; si, por el contrario, no lo fuera, es muy probable que el Estado combata, por vía judicial, a aquellos que pretendan ponerla en marcha.