Una mina de litio en la frontera con Galicia provoca un terremoto en la política portuguesa

Terremoto en la política portuguesa. La policía del país vecino ha registrado la residencia oficial del primer ministro de Portugal, António Costa, y otros 40 puntos en el marco de un operativo junto a la Fiscalía lusa que investiga negocios del sector del hidrógeno y el litio, según informa la prensa lusa.

El operativo, que se ha saldado con las detenciones del jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, de un consultor de Costa, Lacerda Machado, o del alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, así como con la dimisión del primer ministro, António Costa, gira en torno al proyecto de explotación minera en Montalegre.

Allí, a apenas unos 30 kilómetros de la frontera con Galicia, la compañía Lusorecursos proyecta la puesta en marcha de una mina y una refinería para tratar el litio. La promotora logró precisamente la luz verde por parte de las autoridades portuguesas el pasado mes de septiembre. La empresa se había hecho con la concesión de este yacimiento en marzo de 2019, pero la puesta en marcha del proyecto dependía de la aprobación de su declaración de impacto ambiental, algo que ocurrió el mes pasado.

Así es la mina

Lusorecursos participa en este proyecto que se desarrolla a escasos kilómetros de la mina a cielo abierto que la británica Savannah Resources promueve en Covas do Barroso que, según los primeros reportes, quedaría al margen de esta investigación. Lusorecursos prevé una inversión cercana a los 650 millones de euros con el objetivo de poner en marcha este complejo cuyas obras se iniciarían en 2025 y se completarían en 2027, momento a partir del cual entraría en operación.

La concesión abarca un área de 825,4 hectáreas, pese a que sólo está prevista la explotación de depósitos minerales de litio en una superficie de 637,5 hectáreas, de las cuales 29,7 serán explotadas a cielo abierto y el resto serán utilizadas para trabajos subterráneos.

El proyecto se ha topado en los últimos años con la oposición vecinal. Diferentes colectivos y asociaciones han mantenido un calendario de protestas en los últimos años al entender que la mina tendría un impacto negativo a nivel medioambiental.