Tahoces, exdirector de Minas de la Xunta, niega haber falseado informes sobre la reapertura de San Finx
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Ángel Bernardo Tahoces, exdirector xeral de Minas, se ha acogido a no declarar ante la parte denunciante y la jueza en la causa abierta por la explotación de la mina de San Finx en Lousame. Solo ha respondido a las preguntas formuladas por su abogado indicando que “en absoluto” falseó informes “ni faltó a la verdad”.
Así lo ha indicado el abogado Francisco Iglesias, que representa a la cofradía de Noia, quien ha destacado que el exdirector xeral de Minas, no entró en «una cuestión fundamental que es la esencia» en este caso como es «la negativa a requerir a la minera el estudio de impacto ambiental». Según este letrado, el ex alto cargo fue quien «dijo en 2009 que no era necesario».
Iglesias ha señalado que Tahoces se ha limitado a contestar sobre la titularidad de las balsas o presas. Al igual que los otros dos cargos investigados en el caso que también estaban citados a declarar este jueves señaló que “había indicios de que no formaban parte del aprovechamiento minero” y “que parece que hubo un aprovechamiento hidráulico «en la zona” , ha señalado Iglesias.
El abogado que representa a la cofradía ha apuntado que «respeta» que se acogieran al derecho a no declarar pero resalta que «hoy era el momento para que, con luz y taquígrafos, aclararan y respondieran» a las cuestiones de la jueza.
Investigado por presuntas falsedades en documentos públicos
El juzgado de instrucción número 3 de Santiago citó a Tahoces en calidad de investigado en relación con la explotación de San Finx, en Lousame junto a otros dos investigados.
En concreto, han comparecido junto a Tahoces dos funcionarios que en su día estaban a su cargo, por supuestas «falsedades» relativas a las presas mineras abandonadas y a la contaminación existente.
La cofradía de Noia está personada en otras dos causas penales contra funcionarios y altos cargos de Augas de Galicia y contra la propia empresa minera australiana.
En esta causa penal están personadas como acusación popular la cofradía, Ecoloxistas en Acción y Verdegaia, después de que se denunciaran numerosos informes firmados por los imputados que contenían «información falsa sobre diversos aspectos de la mina».
