Sareb sitúa en A Coruña el 70% de las viviendas disponibles en Galicia para alquiler social
La Sareb ha hecho público un listado de cerca de 21.000 viviendas que podrían destinarse al alquiler social «en un breve plazo de tiempo». La entidad que absorbió el ladrillo tóxico de la banca nacionalizada solo desglosa los datos por provincias y asegura que 9.000 de los inmuebles están terminados y listos para habitar, mientras que otros 12.000 cuentan con licencia de primera ocupación pero deben adecuarse. El llamado banco malo estima que podrían estar disponibles en un plazo de seis a 12 meses, con una inversión por vivienda próxima a los 18.000 euros.
Como era previsible, el listado de inmuebles desvela que la provincia de A Coruña concentra casi el 70% de los pisos disponibles en Galicia, al sumar 896 de los 1.285. Era previsible porque de los activos de Sareb en la comunidad, incluyendo suelos o créditos fallidos, el 66% está en la provincia coruñesa. Le sigue a mucha distancia Pontevedra, con 249 viviendas aptas para el alquiler social. En la provincia de Lugo hay 108, según los datos de la entidad, y en Ourense solamente 32.
A Coruña es la séptima provincia de España con más de estos inmuebles, que son más numerosos en la franja mediterránea. Por encima están Valencia, con 2.266; Murcia, con 2.093; Castellón, con 1.769; Tarragona, con 1.364; Toledo, con 1.231; y Alicante, con 915.
La clave está en las ciudades
La Sareb no desvela cuántos de estos activos están en las ciudades gallegas, una información clave ya que son las zonas verdaderamente tensionadas, con fuerte demanda y precios al alza. De hecho, el Parlamento gallego aprobó por unanimidad esta semana una proposición no de ley del BNG para reclamar al banco malo y al Gobierno un inventario de los inmuebles que incluya la ubicación y el estado de conservación. Sareb no concreta la primera pregunta, pero asegura que los activos están en buenas condiciones.
Estas 21.000 viviendas, dice, «podrían estar disponibles en un breve plazo de tiempo para que las compren las administraciones para destinarlas alquiler social y asequible».
