Los fondos Next Generation enfrentan a Rueda y Besteiro en su primera cumbre
El primer encuentro entre Alfonso Rueda y el nuevo delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, evidenció las discrepantes visiones de ambos dirigentes respecto a los asuntos tratados. Entre ellos, los fondos Next Generation. Gómez Besteiro pidió al Gobierno gallego que, al igual que otras autonomías como el País Vasco, concrete la aportación de la Xunta a los proyectos industriales estratégicos para completar las ayudas europeas transferidas por el Ejecutivo central. El mandatario autonómico replicó que «los inversores saben perfectamente el compromiso de la Xunta y de las cantidades que nos pidieron», pero aseguró que también «están desesperando» por los Perte que debe convocar el Gobierno de Pedro Sánchez y que «nunca llegan». «Lo que no se puede pretender lógicamente es quien se reserva el 100% de los Next Generation ahora diga que no los va a mover o que los va a mover en función de lo que hagan otras administraciones», zanjó.
Rueda habló directamente de posibles ayudas económicas aunque en el comunicado posterior, la Xunta señaló simplemente que las empresas «tienen garantizado el apoyo del Gobierno gallego». Los proyectos estratégicos designados por la Xunta actualmente son la fábrica de neumáticos de Sentury Tire, la factoría de fibras textiles de Altri o la planta de hidrógeno de Reganosa y EDP. Preveía solicitar esta declaración también Ence, para su planta de papel tisú en As Pontes.
Transparencia en la gestión
Si Rueda pidió a Gómez Besteiro los Perte que necesitan los inversores industriales en Galicia, el delegado del Gobierno reclamó, además de las aportaciones de la Xunta, transparencia en la gestión de los fondos europeos. Besteiro repasó las inversiones desplegadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Galicia y aseguró que superan los 2.800 millones. La mitad fueron transferidos al Gobierno gallego para su gestión directa, lo que supone «la mayor cantidad de fondos públicos recibidos por un Gobierno de Galicia para inversiones», subrayó.
Por este motivo pidió a Rueda la misma «transparencia y eficiencia» con los fondos transferidos, invocando el informe del Consello de Contas que ponía en cuestión la gestión que hizo la Xunta de las ayudas europeas. El delegado del Gobierno se comprometió a «arrimar el hombro» y «remangarse» para trabajar en la transformación de Galicia, para lo que pidió «cogobernanza» entre las administraciones. Besteiro propuso mantener una reunión con Rueda cada tres meses.
La primera comenzó a las 17.30 horas de este martes y duró poco más de una hora. Tras finalizar, los dos representantes comparecieron por separado. El equipo del delegado del Gobierno pidió una comparecencia juntos, pero Rueda dijo que el formato elegido es el habitual en todas las comparecencias tras las reuniones que mantiene, como también lo hacía su predecesor, Alberto Núñez Feijóo.
Alfonso Rueda y José Ramón Gómez Besteiro / Xunta
La Lei do litoral y su encaje jurídico
El encuentro también sirvió para que Rueda entregase a Gómez Besteiro una copia del proyecto de la Lei de ordenación e xestión integral do litoral a la que la semana pasada dio luz verde el Consello da Xunta. En una era sin competencias nuevas, la que inició Feijóo en 2009 y continúa ahora su sucesor, esta normativa es la llave para que el Gobierno gallego tome las riendas en la gestión del litoral, como ya sucede en otras comunidades. El texto cuenta con el apoyo del Consello Consultivo, pero el Ejecutivo central cree que desborda las competencias autonómicas.
El delegado del Gobierno lamentó que el PP no optase en su momento por la reforma del Estatuto de Autonomía para que la transferencia de la gestión de costas se pudiera realizar «con seguridad jurídica, como hicieron otras comunidades». En todo caso, recordó que el Ejecutivo resolvió positivamente todas las renovaciones de ocupación de dominio público desde la entrada en vigor de la Ley del Cambio Climático.
La vivienda entra en la agenda política
El primer encuentro entre Rueda y Besteiro permite cartografiar los puntos claves en la acción del Ejecutivo central en Galicia. Y uno de ellos es la vivienda, área por la que la política pasó de puntillas en los últimos años salvo para el choque discursivo. Ahora es un tema central, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobase la nueva ley y lanzase una batería de iniciativas para elevar el parque público residencial. Las dos últimas medidas fueron la canalización de pisos de la Sareb, la entidad que absorbió el ladrillo tóxico de la banca nacionalizada, hacia el alquiler social, y la construcción de 20.000 viviendas en terrenos de Defensa.
Rueda pidió a Besteiro información “detallada y fiable” sobre la situación urbanística de los terrenos que el Ministerio de Defensa posee en Galicia y que fueron ofrecidos por el Gobierno central para ampliar el parque habitacional, y también sobre la localización y estado de habitabilidad de las viviendas de la Sareb en la Comunidad autónoma. “Queremos saber dónde están”, indicó.
