Las cuentas de la eólica marina: concurso a final de año y parques en Galicia para 2030
El litoral gallego se ha convertido en objeto de deseo de grandes promotoras del sector offshore. Desde Iberdrola a Ferrovial, Capital Energy o el consorcio conformado entre BlueFloat y Sener, ante el Ministerio para la Transición Ecológica ya se han presentado nueve proyectos distintos en fase inicial que apuestan por levantar parques de eólica marina en la comunidad. Por el momento, no pasan de ser una declaración de intenciones, ya que la normativa que los regula no tiene luz verde por parte del Ejecutivo central. En cualquier caso, la carrera por esta nueva forma de energía se dibuja a medio plazo, ya que las perspectivas de las compañías no pasan por tener molinos en las costas españolas hasta, como mínimo, 2030.
Así lo han explicado este martes en A Coruña directivos de BlueFloat, en un encuentro con medios de comunicación en el que han dado a conocer sus perspectivas en cuanto a los tiempos administrativos que maneja el Gobierno. El sector offshore espera que durante el primer trimestre de este año, los de Teresa Ribera aprueben de forma definitiva los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que determinarán las zonas en las que se pueden desarrollar parques eólicos marinos en España. El Ejecutivo tendrá en cuenta para definirlos tanto la actividad pesquera, como el tráfico marino y aéreo, los espacios naturales protegidos y los puntos de accesibilidad energética.
¿Concursos a final de año?
A partir de ahí, Transición Ecológica tendrá que aprobar las bases regulatorias que definirán qué proyectos podrán optar a los futuros concursos de eólica marina y cómo se deben adjudicar (habrá que ver si los concursos se realizan por zonas o todos a la vez). La aprobación de la legislación podría llevarse a cabo en el segundo o tercer trimestre del año, por lo que las compañías creen que los concursos, como tal, no se celebrarán hasta finales de 2023 o principios de 2024. Con estos tiempos, la puesta en marcha de parques podría demorarse hasta, como poco, 2030.
Javier Monfort, el director general de BlueFloat en España, destacó que “hasta el momento, los concursos de energías renovables en España han tenido en cuenta criterios basados en el precio de la energía a la hora de adjudicar proyectos”. “Desde nuestro punto de vista este es un enfoque muy limitado a proyectos que tienen un impacto considerable en el territorio y en la ciudadanía. Nuestra propuesta diferencial plantea la necesidad de incluir criterios técnicos y también socioeconómicos en el concurso, para poner el territorio en el centro”, explican. Desde la joint venture insisten en su voluntad de diálogo con todos los actores afectados por el desarrollo de esta tecnología, y esperan que el Gobierno tenga en cuenta esto a la hora de la adjudicación de parques y megavatios. “Si la legislación puntúa positivamente a los promotores que realicen un diálogo temprano con los actores del territorio que busquen un retorno real de los proyectos, el resultado serán infraestructuras que gocen de mayor aprobación en el territorio”, exponen.
Arrastre
En Galicia, uno de los sectores que más fuertemente se ha posicionado contra la eólica marina es el pesquero debido al impacto que a su juicio tendrán estas instalaciones en su actividad. Los directivos de BlueFloat insisten en que ese impacto debe ser regulado por el Gobierno con la normativa y opinan que la afectación a los caladeros será “razonable”. Con todo, de todas las artes de pesca, convienen que la del arrastre será la más afectada.