La Xunta pide al TSXG que aclare las tres sentencias que anulan contratos a Monbus
Choque en el Parlamento a cuenta de Monbus. La Xunta ha solicitado una aclaración al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre las tres sentencias que anulan contratos de transporte escolar concedidos a uniones temporales de empresas por estar “dominadas” por la compañía lucense, un hecho que la justicia entiende que contraviene la normativa vigente.
Lo anunció este miércoles el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, en respuesta a una pregunta oral defendida en el pleno del Parlamento de Galicia por el diputado socialista Pablo Arangüena, quien ha acusado a la Xunta de favorecer un «capitalismo de amiguetes» al permitir que la compañía de transporte practique «un abuso de su posición dominante» en el mercado.
Distintas interpretaciones
El escrito de aclaración remitido al Alto Tribunal gallego se debe a que la Xunta entiende que las sentencias que anulan los contratos parten de una distinta interpretación de uno de los puntos de los pliegos de la licitación relativo a la contabilización sobre el número máximo de lotes adjudicables, como ha explicado Rodríguez.
Asimismo, tras incidir en que ese punto señalado por la Xunta no fue recurrido, el conselleiro ha reiterado en varias ocasiones que las sentencias señalan que «no hay indicios fundados de prácticas colusorias» en el procedimiento.
Sentencias en contra
Recientemente, en tres sentencias distintas, el TSXG ha anulado la adjudicación de tres lotes de líneas de transporte escolar a uniones temporales de empresas que estaban “dominadas” por Monbus. El motivo de las anulaciones radica en la, indican, posición de dominio de la empresa en más lotes de los que las normas del concurso público permiten. Según la argumentación de la Sala, la compañía tiene una participación muy mayoritaria en las agrupaciones de empresas que ganaron 12 de los lotes en los que se repartía el servicio, cuando el límite fijado en los pliegos de adjudicación estaba en ocho.
Al respecto de la polémica, durante la mañana, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, destacó que la anulación de tres contratos de transporte escolar supone únicamente el 2% de los que gestiona la Xunta en este ámbito, un total de 184 repartidos entre la Consellería de Educación y su departamento, que lleva los del servicio compartido.
Por su parte, el BNG ha avisado de que «vendrán más» sentencias en este sentido y ha denunciado las «muchas irregularidades e incumplimientos que no son anécdotas ni casos puntuales que tienen que ver con el funcionamiento de este servicio público». En el pleno del Parlamento, el diputado Paulo Ríos ha lamentado también el «vendaval jurídico» que afecta a la Xunta, por las tres sentencias «dejando sin efecto tres adjudicaciones del transporte escolar».
