La Xunta negocia con las grandes empresas gallegas la gobernanza de la sociedad energética mixta
El Gobierno gallego quiere tener listo cuanto antes la sociedad mixta impulsada por la administración autonómica pero con mayoría privada para participar en proyectos renovables. El presidente, Alfonso Rueda, anunció este miércoles, en el marco de la sesión de control del Parlamento, que ya se ha superado el “objetivo inicial” en cuanto a aportaciones económicas de empresas, “con más de 20 millones de euros” captados.
El mandatario aseguró que “tres de cada cinco” de las grandes empresas a las que el Gobierno gallego dirigió esta iniciativa han acordando adherirse a la sociedad, que promueve Impulsa, a Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, presidida por la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana.
Proyecto pionero en cuanto a colaboración público privada en el ámbito de la energía verde, la creación de esta sociedad mixta, en la que no se incluirán, no obstante, energéticas, está enfocada a participar en proyectos eólicos en el marco de la nueva ley de recursos naturales.
Más de una veintena de empresas
Según fuentes de la administración autonómica consultadas por Economía Digital Galicia más de 20 empresas se habrían ha adherido a la iniciativa. El Gobierno gallego abrió un plazo para una primera fase de captación de compañías gallegas que terminó el pasado día 30 de junio. Esas mismas voces reconocen que el resultado de esta primera fase ha sido muy “satisfactoria”, tanto por el interés generado como porque se habrían cumplido ya los objetivos de captación privada de recursos económicos.
Los nombres de las compañías, sujetas a acuerdos de confidencialidad en esta fase, aún no se han desvelado por el momento, aunque lo que dejan claro desde el Ejecutivo autonómico es que las firmas adheridas están entre las principales compañías de la comunidad y pertenecen a distintos sectores ligados al ámbito industrial.
El próximo paso ahora, de cara a la constitución efectiva de la sociedad, es que administración pública y empresas privadas definan los principios de gobernanza de la nueva sociedad, una representación en la que influirá, al margen de la predominancia pública, la aportación económica de las firmas privadas, que no es la misma en todos los casos.
