«La Ley de Vivienda debe ser derogada lo antes posible por el nuevo Ejecutivo»

El recorrido de la primera Ley de Vivienda, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y aprobada definitivamente en mayo, ha quedado empañada por la convocatoria de elecciones generales. La normativa nació con la oposición de la derecha representada en el Parlamento y de otros partidos como el PNV, hasta el punto de que las comunidades gobernadas por el PP avanzaron que presentarán recursos contra ella, incluida Galicia. Más allá del frente judicial, un cambio en el Ejecutivo parece que también conllevaría su derogación o reforma.

Entre los discrepantes con el texto también está la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. Su presidente, Benito Iglesias, ha advertido que desincentivan a los propietarios hasta el punto de que una parte de ellos pueden optar por finalizar los contratos de arrendamiento y derivar sus inmuebles hacia el mercado de la compraventa o la vivienda turística, agravando el problema del arrendamiento que la ley quería resolver.

«Siempre hemos estado a favor de una ley estatal que agrupara las distintas normativas, que las actualizara a la problemática actual y que permitiera agilizar los trámites. Esta ley es una oportunidad perdida. Cualquier normativa debe generar seguridad jurídica para todas las partes, para que todas se sientan representadas, protegidas en sus derechos y conocedoras de sus obligaciones. La Ley de Vivienda, en cambio, es inconstitucional, ataca la propiedad privada y debe ser derogada lo antes posible», asevera el empresario.

A juicio de Fegein, lo dos aspectos más preocupantes del mercado actual son los arrendamientos y las personas vulnerables, pues «son los que más han sufrido el encarecimiento». La patronal entiende que la nueva normativa agrava el problema, pues mientras «las familias gallegas quieren soluciones de accesibilidad a la vivienda, la ley «es un despropósito que se lo complica más, sobre todo a los jóvenes y a las familias vulnerables», ya que desincentiva la promoción de vivienda, genera inseguridad a los propietarios y puede provocar una caída en la oferta.

Liberar suelo

Benito Iglesias cree que la gran apuesta debe ser la vivienda protegida y para eso es necesario «liberalizar suelo y ponerlo a disposición de la parte privada para construir». «Dentro de los rangos de las VPO, con sus precios por módulos y clasificaciones por renta, entran la mayor parte de los gallegos y es la forma de garantizar una vivienda de calidad, tanto como la vivienda libre, a precios asequibles», expone.

Frente a ello, las propuestas de construcción de vivienda social por parte de las administraciones generan una opinión dispar en el presidente de Fegein. El plan anunciado por Alfonso Rueda para incorporar 1.800 inmuebles al parque público y ceder suelo para otro millar de VPO le parece adecuado y es, además, una vieja petición de su organización. La promesa de Pedro Sánchez de derivar los activos de la Sareb al alquiler social y construir inmuebles en terrenos del Ministerio de Defensa le genera incertezas, y no solo por la convocatoria de elecciones, sino también porque «no hay partidas presupuestarias para construir viviendas». «Hay fondos para rehabilitación, el problema es que los trámites burocráticos son muy largos», apunta.

Según indica, una licencia tarde de media seis meses, lo que «no es asumible». De hecho, la ley estatal debería «corregirlo», pero no lo hace. «La política de protección oficial del presidente Rueda tiene todo mi apoyo y respaldo, porque es un presidente consciente de los problemas reales y actúa en consecuencia y con sentido común. Eso es la mejor política de vivienda que se puede aplicar en Galicia», afirma.

¿Cómo debe ser una ley de vivienda?

Iglesias cree que hay tres aspectos fundamentales que debe contemplar la regulación de la vivienda. Por un lado, «la defensa de la propiedad privada«, que a su entender queda en cuestión en la actual ley. En segundo término, respetar «las competencias autonómicas«, un límite que ve sobrepasado y que, de hecho, es el motivo que han esgrimido varios presidentes autonómicos al plantear recurrirla. Finalmente, considera que debe garantizar el desalojo de okupas en un periodo de 48 horas.