La dueña de Varilongo se hunde en bolsa tras el veto de la Xunta a su mina de wolframio

Pivotal Metals paga en bolsa el frenazo de la Xunta de Galicia a uno de sus proyectos en Santa Comba. La minera que capitanea Steven Turner retrocede un 9% en la bolsa australiana a media sesión de este miércoles tras conocerse que la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Minerais acaba de acordar la resolución de la caducidad de la concesión de su mina subterránea.

La medida fue propuesta por la Xefatura Territorial de A Coruña de la Consellería de Economía, Industria e Innovación una vez que el pasado mes de octubre se abriese un expediente de caducidad del cual la minera alertó a sus inversores.

El movimiento se activó después de que Galicia Tin & Tungsten, sociedad que Pivotal Metals adquirió en el año 2019, incumpliese, a ojos de la Xunta la letra pequeña del plan que se subrogó. Y es que la resolución de la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Xunta de Galicia que en 2015 otorgaba a Grupo Minero Santa Comba la concesión hasta 2068 de esta mina subterránea que llevaba sin actividad desde 1985, contemplaba la realización de unos trabajos de aprovechamiento, investigación y acondicionamiento.

Los motivos de la disputa

Sin embargo, Galicia Tin & Tungsten habría desarrollado desde entonces únicamente labores de investigación y acondicionamiento, motivo por el cual se le inició un expediente que ha dado como resultado la caducidad de su concesión.

La decisión de la Xunta supone un golpe a una Pivotal Metals que en 2020 había instalado una planta piloto para preparar el terreno de cara a la reapertura del yacimiento. Según sus cálculos, de la mina subterránea que en su momento fue operada por las fuerzas nazis para obtener un wolframio clave para su equipamiento bélico podría obtener unos 117 millones de dólares (108 millones de euros al cambio actual). De acuerdo a las estimaciones de la firma australiana, la extracción de minerales le permitiría lograr unos 25 millones de euros ya en 2022, unas metas que finalmente no ha podido cumplir.

A la espera de la presentación de algún tipo de recurso contra esta medida, las aspiraciones de la firma australiana en Varilongo pasan por el proyecto que ultima para comenzar a operar una mina a cielo abierto. La compañía reveló meses atrás que estaba buscando la designación de esta iniciativa «como proyecto industrial estratégico, que reducirá de manera sustancial los tiempos para lograr los permisos».

Según la casa de análisis Orior Capital, este yacimiento contaría con unas reservas de 11.137 toneladas de trióxido de wolframio. Asumiendo el precio actual de 35.000 dólares la tonelada y un crecimiento anual del 5%. Pivotal Metals podría obtener unos 375 millones de dólares en ingresos (unos 355 millones de euros) de este yacimiento.

Los planes de la compañía pasan por incorporar a un socio tanto para este proyecto como para la reapertura de la mina de San Finx, cuyos derechos adquirió a Valoriza (filial de Sacyr) a finales de 2021. Con esta búsqueda de inversores, la compañía busca ganar músculo financiero para poner en marcha sus proyectos en Canadá, que han desbancado a sus minas gallegas en su lista de prioridades.

A la mina de cobre y níquel de Horden Lake se suma su «portfolio de minerales para baterías en Canadá ubicada dentro del prolífico Belleterre-Angliers Greenstone Belt compuesto por Midrim, Laforce, Alotta y Lorraine«, destaca la compañía.

«La combinación de estos proyectos ofrece una ventaja significativa para los accionistas de la compañía», defiende Pivotal Resources que asegura encontrarse al otro lado del charco con una administración que «apoya» este tipo de proyectos.

Ecologistas en Acción celebra la caducidad de la mina

Por su parte, desde Ecologistas en Acción celebran la declaración de caducidad, pero muestran su «desconfianza» en que la Xunta «deje escapar a la empresa responsable sin hacerse cargo de la restauración». «El plan de restauración aprobado en 2011, con un irrisorio presupuesto de 53.000 euros y que nunca fue sometido a participación pública, es totalmente insuficiente para hacerse cargo del cierre y clausura de la mina, con un coste real de restauración de varios millones», lamentan.

Es por ello que la organización reclama a la Xunta que obligue a la empresa australiana a constituir un aval de como mínimo cinco millones de euros para garantizar la restauración, cierre y clausura de la mina en condiciones de seguridad. Advierten además de que, en caso contrario, demandarán que los altos cargos responsables respondan «con su propio patrimonio personal». Además, avisan de que tampoco «dudarán» en recurrir la propia decisión de caducidad «en caso de que no establezca claramente las obligaciones de restauración y las garantías suficientes para llevarlas a cabo».