Exdirectivos de Iberdrola niegan ante el juez que inflaran los precios de la luz: “Es el mercado”

Iberdrola no manipuló el mercado eléctrico y ni siquiera tenía capacidad para hacerlo. Esa ha sido la tesis defendida por los exdirectivos de la compañía ante la Audiencia Nacional, donde comparecieron este martes en el primer juicio a una eléctrica española por inflar los precios de la luz. El juzgado central de lo Penal trata de esclarecer si hubo un delito contra el mercado y los consumidores relacionado con un encarecimiento artificial en el invierno de 2013 y en base a un sistema que consistía en reducir la disponibilidad de las centrales hidroeléctricas para dar entrada en el mix a las de ciclo combinado, que son más caras. La maniobra tocaría de lleno a los activos gallegos de Iberdrola, pues se habría ejecutado en los embalses del Sil, así como también en los del Duero y Tajo.

Los principales responsables de este método serían el exdirector de gestión de energía de Iberdrola Generación Ángel Chiarri y el entonces responsable de Optimización y Recursos, Gregorio Relaño, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide dos años de cárcel. Sin embargo, ambos negaron en sede judicial cualquier estratagema para elevar los precios. «Es el mercado» el que puede hacer que se encarezca la energía, sentenció Chiarri. El exdirectivo de Iberdrola Generación defendió que la fijación de precios depende de un sistema automático, «no una máquina sino un proceso que consiste en introducir una serie de datos», por lo que una empresa no tendría capacidad para alterar su resultado.

Además, tampoco por ello obtuvo lucro la compañía, que según Chiarri perdió dinero al verse obligada a comprar energía «a precios caros» para abastecer a clientes. Esta idea contrasta con la postura de la Fiscalía y con el auto de apertura de juicio oral del juez Ismael Moreno, donde se atribuía a Iberdrola «un perjuicio a la demanda de, al menos, 107,3 millones» y un beneficio adicional para la compañía de 21,2 millones.

Alarma por la sequía

El origen del caso está en una investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que sancionó a Iberdrola con 21,5 millones y describió un sistema para aprovechar puntuales alzas de precios en momentos de gran demanda, concretamente en período de Navidad del año 2013. La estrategia consistía en reservar capacidad de energía hasta el punto de reducir su nivel de producción hidráulica en el mercado diario mayorista sin que estuviera justificado por la falta de recursos hídricos.

Los acusados, sin embargo, negaron cualquier «consigna» o «estrategia» y aludieron al contexto de sequía y al deterioro en los niveles de los embalses como la razón de esa menor disponibilidad. Relaño aseguró que «jamás» recibió instrucciones del consejo de administración respecto a la oferta y compartió el relato de su excompañero. El responsable de Optimización dijo que la «realidad final» es que Iberdrola Generación, como empresa integrada, «compró más que vendió», de ahí que se viera perjudicada por el entorno de altos precios de la energía. Además, defendió que el resto de eléctricas tuvo un comportamiento similar pues «todos eran conscientes de la sequía».

La Fiscalía alegó que no todas las eléctricas actuaron igual y que los niveles de los embalses eran similares, incluso superiores, a los de otros años. Relaño, como hiciera antes Chiarri, explicó que el problema era la falta de lluvias y la previsión de un periodo futuro sin apenas precipitaciones. Esto provocó que las centrales tiraran de la reserva de los embalses y, aunque todavía no se encontraba baja, en una previsión de tiempo seco se agotaría rápidamente. Estos factores incidían en la contención de la hidroeléctrica y en el encarecimiento de la energía.

Una cuestión «técnica»

Iberdrola considera que el juicio se circunscribe a una cuestión técnica y no penal, y se remonta a un periodo «extraordinariamente seco» en el que «fijó un precio de la energía hidráulica 7 euros megavatio hora (MWh) por encima de lo que el regulador entendía que debía ser». Fuentes de la compañía sostienen que la CNMC «en ningún caso consideró que aquella actuación era constitutiva de un ilícito penal».

El superregulador no señaló a la eléctrica como responsable «de una hipotética artificial subida del precio desde los 50 euros/MWh que marcaba el mercado en noviembre de 2013 a los 80-90 euros/MWh que marcaba en las tres primeras semanas de diciembre»; aunque sí la acusa de «aprovechar esa subida de precios» mediante «la retirada de la programación hidráulica».

Los acusados y las solicitudes de penas

En la causa figuran como acusados otros dos miembros de Iberdrola Generación en la Navidad de 2013, como el responsable de gestión de activos, José Luis Rapún, y el responsable de mercados a corto plazo y generación global, Javier Paradinas. Para ellos solicita la Fiscalía dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para las personas físicas involucradas en el caso. También reclama una sanción de 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España.