Galicia replicará en el mar el canon eólico en plena caída de su recaudación
La Xunta de Galicia parece decidida a que los nuevos proyectos energéticos que se desarrollen en la comunidad dejen una contraprestación social y económica en los territorios en los que se implanten. En un momento en el que el sector de la pesca está literalmente en pie de guerra por el impacto que, a su juicio, tendrá la irrupción de la eólica marina en la costa gallega, los de Alfonso Rueda apuestan por gravar estos parques mediante un canon, similar en lo formal al que se aplica en la eólica terrestre desde 2010.
El mandatario autonómico lo anunció este jueves. La Xunta tiene la intención de crear un impuesto específico para la eólica marina. Sin embargo, la administración autonómica no puede aplicar ningún gravamen sobre el espacio marítimo por lo que los servicios jurídicos del Gobierno gallego proponen que se aplique sobre las infraestructuras de conexión por medio de las que la energía offshore entra a tierra. De momento no se sabe la cuantía que se recaudará. Es normal. Se desconocen cuántos serán los parques eólicos que finalmente se desarrollarán en Galicia (el Ministerio de Transición Ecológica ha delimitado cinco zonas en la comunidad donde será posible levantar estas infraestructuras) ni cuándo podrán estar en funcionamiento. El sector estima que el concurso de espacios y megavatios podría convocarse a finales de año, de forma que los primeros parques estarían operativos en 2030. Para entonces, los de Teresa Ribera cuentan con tener en instalación en toda España entre 1 y 3 gigavatios de energía offshore.
Unos 20 millones de euros al año
En cualquier caso, el canon a la eólica marina se propone en un momento en el que el impuesto autonómico a la eólica convencional va (tímidamente) reduciendo su recaudación.
Lo deja bien claro un reciente informe del Consello Económico e Social de Galicia (CES) que analiza el presente y futuro de los sectores energéticos en la comunidad. El citado documento recuerda que, en la actualidad, en Galicia existen cuatro impuestos autonómicos que afectan a actividades de producción y transformación de energía. Se trata del impuesto sobre la contaminación atmosférica, el de daño ambiental por usos y aprovechamientos de las aguas embalsadas, el canon del agua y el eólico.
Aprobado en el año 2009, el canon eólico nació con el objetivo de “proteger el medio ambiente, incorporar las nuevas tecnologías a la producción de aerogeneradores y minorar el número de los mismos, compensando los costes ambientales motivados por su presencia en el territorio mediante la creación de un fondo de compensación”. En este caso, el gravamen para determinar la cuota tributaria es fijo por cada aerogenerador en función del tramo por número de unidades. Los parques que disponen de entre uno y tres aerogeneradores no tiene que pagar el canon mientras que los que sobrepasan los 15 han de abonar 5.900 euros por cada molino.
La clave, repotenciar parques
La proliferación de aerogeneradores terrestres deriva en que, a pesar de lo ajustado del canon, cada año se recaudan del orden de 20 millones de euros en concepto de impuestos. Es de hecho el gravamen de estas características con el que más recauda la Xunta de Galicia, frente al de contaminación atmosférica, que en 2021 fue de menos de un millón de euros, o el del daño ambiental del agua embalsada, que se quedó en 11 millones de euros. Ese ejercicio, Galicia recaudó 22,1 millones de euros por concepto de canon eólico, una cantidad que ha ido decreciendo pausadamente desde 2016, cuando consiguieron por este concepto más de 23 millones de euros.
Explica el informe del CES que las repotenciaciones de parques eólicos están tras la bajada de tributación, ya que los nuevos parques precisan de menos molinos para producir energía.
Habrá que ver, finalmente, cómo se desarrolla el canon de la eólica marina que ahora propone la Xunta y que llega justo cuando se pronostica el retroceso en la recaudación del gravamen autonómico a la eólica convencional. De momento, la recaudación de los tres impuestos ambientales en Galicia supone unos 34 millones de euros, representando el 1% del total obtenido por impuestos indirectos por la Administración gallega.
