Ferrovial pierde la batalla de los sobrecostes contra Adif por el AVE a Galicia

Ferrovial naufraga en la Audiencia Nacional en su batalla contra Adif. La sección octava de la Sala de lo Contencioso ha desestimado el recurso presentado por la constructora que preside Rafael del Pino mediante el cual reclamaba hasta 12,7 millones de euros por los sobrecostes en los que había incurrido en la construcción de la plataforma del corredor norte-noroeste de Alta Velocidad.

La compañía que semanas atrás anunció su decisión de trasladar su sede fiscal a Países Bajos, se hizo con este contrato en 2009. En él se contemplaba que el plazo de ejecución de estos tramos entre Valladolid y Burgos y Venta de Baños y Palencia sería de 22 meses. De esta forma, una vez iniciados los trabajos en abril de 2010, estos deberían finalizar en febrero de 2012.

Sin embargo, las obras no finalizaron hasta octubre de 2015. Su extensión se prolongó así hasta los 66 meses, el triple de lo previsto en el calendario. Según consta en la sentencia publicada a finales del pasado mes de diciembre, Ferrovial consideraba que «las causas de la ampliación del plazo son exclusivamente imputables a Adif», que ha sido defendida por la Abogacía del Estado durante este proceso judicial.

La cronología del caso

Ante esta demora en las obras y la redacción a finales de 2011 de un proyecto modificado, Ferrovial aseguró haber incurrido en unos sobrecostes millonarios de los que responsabiliza a Adif. Según se detalla en la sentencia a la que ha tenido acceso Economía Digital, Ferrovial reclamó por la vía administrativa en diciembre de 2017 4,6 millones de euros por los costes indirectos derivados del mayor tiempo de permanencia en la obra.

Ante la falta de respuesta, la compañía decidió presentar a comienzos de 2018 un recurso en el que también exigía el pago de manera subsidiaria de otros 3,3 millones por gastos indirectos, así como otros 4,3 millones de euros por sobrecostes en concepto de gastos generales, 337.000 euros en sobrecostes en los ámbitos de seguridad y salud, así como otros 168.800 euros por el mantenimiento de garantías y seguros.

Según acredita la Audiencia Nacional, fueron hasta cinco las prórrogas que se aplicaron durante las obras de estos tramos. Todas ellas «fueron aceptadas por el contratista sin reserva alguna, manifestando su conformidad con el nuevo plazo de ejecución establecido, y únicamente se formuló reserva de reclamación de daños y perjuicios en la segunda y a la quinta de dichas prórrogas, que luego reitera en el acta de recepción de la obra», detalla la sentencia.

Estas prórrogas vinieron impuestas tanto por «condicionantes de tipo meteorológico», necesidades de «hidrosiembra», así como por las limitaciones por discurrir por lugares de importancia comunitaria (LIC). En este último apartado se enmarcan las prórrogas de doce meses en 2012 para «facilitar la normal reproducción de las especies de fauna presentes» en las riberas del río Pisuerga.

También otra ampliación de 24 meses en los plazos por «las condiciones establecidas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León«, según apunta la sentencia, que da cuenta de una «avenida ocasionada por el temporal de lluvia acaecido» durante un otoño.

El viaducto del Pisuerga

Sin embargo, la sección octava de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional da por buenos los argumentos del juez de Primera Instancia y concluye que «no existe dato alguno que aclare que parte del plazo prorrogado quedó afectado por la medida administrativa adoptada». Tampoco consta, a su juicio, «una ralentización de los trabajos por causa de la misma, ya que los mismos se continuaron realizando», en referencia a las dificultades meteorológicas que alteraron el calendario de construcción de las ataguías del viaducto sobre el río Pisuerga.

Precisamente el rediseño del viaducto sobre este río es uno de los principales puntos en liza en esta guerra de Ferrovial contra Adif. Según la compañía, el rediseño de esta infraestructura forzó esta cascada de prórrogas por las que ahora reclama cantidades millonarias. Pero la Audiencia Nacional exime de responsabilidades a Adif en este sentido.

«Como se infiere del informe del director de la obra, el proyecto modificado se hizo con el conocimiento y sin oposición de ambas partes. La razón del mismo fue la de mejorar aspectos de la ejecución del original y reducir efectos negativos del impacto medioambiental y no porque el proyecto original fuera inviable o presentara graves defectos», motivo por el cual desestima el recurso de Ferrovial, que todavía tiene abierta la puerta para acudir al Tribunal Supremo.