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Ence se da un homenaje en bolsa tras salvar su fábrica de Pontevedra

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Ence vive un día casi histórico en bolsa. La acción se revaloriza cerca de un 20% después de que el Tribunal Supremo haya estimado los recursos de la pastera contra la decisión de la Audiencia Nacional de anular la prórroga de la concesión de su fábrica de Lourizán. Desde antes de la sentencia de 2021, la compañía que dirige Ignacio de Colmenares sufre en el parqué por el riesgo de cierre de las instalaciones y el allanamiento del Gobierno en la defensa de la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que había concedido la polémica prórroga hasta 2073. En 2019, los títulos de Ence cotizaban por encima de los ocho euros. Este martes, tras subir un 18%, alcanzan los 3,6 euros de valor.

La compañía, que ya había diseñado su plan para un eventual cierre de la factoría, toca máximos de los últimos nueve meses. El volumen de compras, más de dos millones de títulos, es alrededor del triple que la media de negociación de la pasada semana, si bien en los últimos tres días ya se registró un importante aumento. El grupo estima que la continuidad de la factoría tendrá un impacto positivo de 169 millones en su beneficio. Había provisionado 200 millones para afrontar el posible desmantelamiento.

La sentencia también condicionará los planes de futuro de la compañía, ya que las inversiones en la planta pontevedresa estaban prácticamente paralizadas. La opción de la empresa era reforzar los fondos destinados a su otra fábrica de celulosa, la ubicada en Navia (Asturias), si el fallo del Supremo era desfavorable. Calculaba 100 millones más de inversión que los 105 millones previstos. Previsiblemente, esos 100 millones o parte de ellos servirán para activar un proyecto de futuro en Pontevedra, al que se suma la planta de papel tisú que pretende levantar en As Pontes (A Coruña).

La caída en bolsa

Ence contaba con una capitalización bursátil de 1.344 millones de euros a comienzos del mes de marzo de 2019. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar decidió aquel año allanarse, lo que suponía renunciar a defender la prórroga de la concesión frente a las demandas del Concello de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación Pola Defensa da Ría, que durante años denunciaron el impacto ambiental y en la ría de la factoría. La incertidumbre sobre el futuro de las instalaciones desencadenó caídas en bolsa en las que la pastera perdió más de 250 millones en un mes.

Durante el Covid y con la compañía en transición hacia la generación de energía renovable la capitalización bajó hasta los 800 millones y cerró 2022 por debajo de los 600 millones.

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