El futuro de Celsa en A Laracha: los fondos se comprometen a mantener el empleo y buscar un socio español

Los fondos acreedores de Celsa dan un paso adelante para hacerse con el control de la siderúrgica y han iniciado el proceso para conseguir el aval del Gobierno. También se han comprometido a mantener los puestos de empleo –incluidos los casi 150 de la planta de A Laracha–, las capacidades productivas en España y a buscar un socio industrial español.

Esta decisión llega después de que en septiembre el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona validase el plan de reestructuración presentado por los fondos, entre los que figuran Deutsche Bank, SPV Global, Sculptor Investment o Anchorage Capital.

Según explican en un comunicado, el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña han informado de «la necesidad de asegurar, a través de compromisos firmes y vinculantes, el mantenimiento de la viabilidad de la empresa en el largo plazo, la toma de decisiones del grupo en España y la protección del empleo y las capacidades productivas en el marco del carácter estratégico de Celsa».

Exigencias del Gobierno

Desde el Ejecutivo central han requerido la creación de un consejo independiente que, según han informado los fondos, será presidido por Rafael Vilaseca, ex consejero delegado de Gas Natural Fenosa. También han exigido que se incorpore “un socio industrial que fortalezca la gestión de la compañía”. 

A este respecto, los fondos aseguran que han trasladado al Ejecutivo «su total compromiso con el objetivo de sanear y fortalecer la posición financiera de Celsa, con el de mantener su plantilla y sus capacidades productivas en España y con el resto de los objetivos señalados».

Se muestran, asimismo, «dispuestos a trabajar con todos los implicados para garantizar el cumplimiento de los objetivos comunicados», para lo que está «fomentando canales de comunicación transparentes, tanto con los distintos niveles de la administración como con los representantes de los trabajadores».

Los acreedores subrayan que ya han puesto en marcha algunos de los citados compromisos -entre ellos el nombramiento de Vilaseca o la solicitud de autorización de inversión en España- y que el resto «se irá implementando a medida que avance el proceso».

Cambio de manos

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, dada a conocer el pasado 1 de septiembre, da vía libre a los fondos para tomar el control del 100 % de Celsa, hasta la fecha en manos de la familia Rubiralta.

Tras el fallo judicial, sin embargo, los fondos necesitan de la autorización del Consejo de Ministros para hacerse con el control efectivo del grupo, como se encargó de subrayar el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tras el fallo judicial.

Tal y como avanza EFE, fuentes conocedoras de los contactos aseguran, asimismo, que el hecho de que los fondos se hayan decidido a solicitar formalmente el aval del Gobierno pone de manifiesto que se ha allanado el terreno con el Ejecutivo para llevar a cabo esta toma de control.
Estas mismas fuentes han asegurado que los fondos han recibido muestras de interés por parte de varios grupos industriales por entrar en Celsa.  En los últimos días se ha especulado con que Sidenor o CL Grupo Industrial podrían tener interés en este proceso de búsqueda de un socio industrial.