El ’broker’ de Florentino Pérez y los March diseñó la ola de compras de EiDF bajo sospecha

EiDF se ha embarcado en un proceso de compra de empresas que no ha cesado ni en plena tormenta por la suspensión de cotización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además de las adquisiciones de las comercializadoras ODF y Nagini, la empresa que lideraba el BME Growth con sus 1.720 millones de euros de capitalización ha ampliado recientemente su perímetro con dos nuevas operaciones.

En concreto, la firma con sede en el municipio pontevedrés de Barro desembolsó 1,9 millones de euros para adquirir el 24,9% de Sinia Renovables (filial de Banco Sabadell) en 34 proyectos de autoconsumo que suman 42,7 megavatios de potencia tras ejercer una opción de compra.

A esta operación se suma la efectuada también a mediados del mes de mayo (en plena suspensión en bolsa) de Lured Potencia. Esta última, domiciliada en Sevilla, proyecta la puesta puesta en marcha de un parque fotovotaico de 49,9 megavatios en el municipio leonés de Valdefresno.

El asesoramiento de Juan José Llinares

De esta forma, EiDF Solar ensancha su perímetro y redobla la estrategia que venía llevando a cabo en los dos años anteriores ante la atenta mirada de Gestión de Patrimonios Mobiliarios Sociedad de Valores (GPM). A través de su consejero delegado, Juan José Llinares, la entidad ha asesorado a EiDF en los últimos tiempos en lo relativo a la adquisición de nuevas compañías, según ha podido saber Economía Digital Galicia.

A través de GPM, Llinares ya asesoró en el pasado a firmas de la talla de ACS (el grupo que preside Florentino Pérez) durante la compra del 20% de Iberdrola y, además, le maneja su autocartera. También en el pasado la Corporación Financiera Alba (brazo inversor de la familia March) recurrió a sus servicios para articular la compra del 10% de Cie Automotive.

GPM, que fue fundada en el año 1987 y que se autodefine como empresa «especializada en intermediación y gestión de activos financieros» también desarrolla una intensa actividad en el seguimiento de empresas del mercado español. De hecho, es una de pocas entidades que han emitido análisis de valoración sobre EiDF.

En uno del pasado mes de marzo, GPM situaba en los 39,4 euros el precio objetivo de las acciones de la compañía gallega. La firma concedía así un potencial de revalorización del 32,4% respecto a los 29,76 euros por título a los que cotizaba EiDF hasta su suspensión en bolsa el pasado 14 de abril. En este documento, GPM preveía un crecimiento sostenido por parte de la empresa que capitanea Fernando Romero hasta el punto de que superaría la barrera de los 1.000 millones de euros de facturación en un 2027 en el que se anotaría un beneficio neto de 192,5 millones de euros.

La suspensión en bolsa de EiDF

Desde GPM decidieron poner en revisión su valoración sobre EiDF a comienzos de este mes de mayo ante la suspensión en bolsa decretada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fue el pasado 14 de abril cuando el regulador tomó esta decisión ante la «retención de información privilegiada» por parte de la empresa después de que su nuevo auditor, PwC, le requiriese información adicional antes de firmar sus cuentas.

Es por ello que EiDF ha contratado también los servicios de Deloitte para efectuar «una investigación tendente a analizar y a recabar evidencias relativas a incidencias y/o discrepancias». Los principales puntos en liza giran en torno a tres cuestiones. Uno de ellos es a existencia de posibles conflictos de interés, lógica societaria y sustancia económica de las operaciones registradas» por las filiales de EiDF (entre las que se encuentran sus últimas adquisiciones), «a los efectos de su tratamiento contable en la consolidación de las cuentas»

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Además, Deloitte también repasará la cartera de clientes, «a efectos de concluir respecto de la realidad económica y situación actual de los proyectos facturados por la sociedad». Por último, Deloitte también analizará la situación de sus deudores «a efectos de concluir respecto de la causa raíz de la deuda registrada y su adecuado soporte documental».