El BNG tiene en el punto de mira la AP-9: pedirá un estudio para valorar el rescate de la concesión
El BNG tiene otra vez en el punto de mira la AP-9. Fue el partido que firmó con Pedro Sánchez la rebaja de los peajes de la autopista a cambio del apoyo en la última investidura y, como todo el Parlamento gallego, reclama también la transferencia a la Xunta de la vía, que forma parte de la red dependiente del Ministerio de Transportes. Ahora, tras los resultados semestrales presentados por la concesionaria, Audasa, quiere impulsar un estudio sobre la viabilidad de rescatar la concesión.
La empresa que gestiona la vía logró un beneficio neto de 36,12 millones, un 68,35% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a la subida de los peajes de comienzos de año y al incremento del tráfico de pago en la autopista. El diputado nacionalista Luis Bará consideró «obscenas» y «escandalosas» tales ganancias, y responsabilizó a los gobiernos centrales que «de uno y otro color» han dado un «trato de favor» a Audasa con «la ampliación de la concesión en dos ocasiones».
Anular la prórroga de la concesión
El BNG avanza una serie de iniciativas parlamentarias con el objetivo de «una AP-9 gallega y libre de peajes«, ya que considera que no basta con la transferencia a la Xunta de la vía que une Ferrol con la frontera portuguesa en Tui. Aunque sería un paso importante en lo «simbólico» y «fundamental para el autogobierno», Bará reconoce como clave la «anulación de la prórroga concedida irregularmente por el PP con el señor Aznar».
Esta vía, explicó el diputado, cuenta con el aval de «un expediente de la Comisión Europea que alerta sobre la irregularidad de esa concesión». Con este informe como base, el BNG pedirá la realización de un estudio independiente, encargado por el Parlamento, sobre la viabilidad de la anulación de esa prórroga, «su ilegalidad» y sobre los costes que tendría el rescate de la concesión.
«La AP-9 debería ser gratuita esta misma semana. A partir del 17 de agosto. Si no se aprobara esa prórroga ilegal, la AP-9 sería gratuita. Por eso, cada día que pase a partir del próximo 17 de agosto, 24.000 gallegos vamos a pagar esos peajes abusivos de la autovía. Cada vez que pasemos debemos recordar que le debemos al PP pagar durante 25 años más esos abusivos peajes», ha reclamado.
La advertencia de la concesionaria
Audasa, empresa del grupo Itínere, advirtió en su momento que la anulación de la prórroga en Bruselas no sería de su responsabilidad, sino del Gobierno español que la aprobó, por lo que conllevaría una indemnización, cuando menos, equivalente a la deuda de la empresa, que supera los 1.000 millones.
Lo que analiza la Unión Europea es si la ampliación del periodo concesional por parte del Ejecutivo de Aznar debe anularse al haberse realizado sin que mediara concurso público, como exigía la normativa comunitaria para ese tipo de concesión.
