Ecologistas llevarán a los tribunales la autorización de vertido de la mina de San Finx
Ecoloxistas en Acción llevará al juzgado la resolución favorable de autorización de vertido al río Pesqueiras de aguas residuales procedentes de la mina de San Finx, en el municipio coruñés de Lousame. El colectivo señala que «este 1 de febrero la responsable de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, ha resuelto autorizar vertidos que se realizarán al cauce fluvial contiguo a la mina, situada a apenas siete kilómetros aguas arriba de los bancos marisqueros de la ría de Muros-Noia y del espacio de la Red Natura 2000 de Esteiro do Tambre».
«La resolución se dicta en un procedimiento plagado de irregularidades que lleva más de siete años en trámite», agrega la asociación, que considera que hay «indicios suficientes de varios delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público», por lo que acudirán al juzgado. Interpondrán, además, una solicitud de medidas cautelares para evitar que el vertido se pueda llevar a cabo, toda vez que este «podría tener un grave impacto ambiental».
El papel de Sacyr
Según la organización ecologista, la autorización de vertido otorgada este miércoles «busca garantizar la escapatoria del Grupo Sacyr, que a finales de diciembre de 2021 firmó un acuerdo entregando la mina a una empresa australiana desprovista de fondos y que no tiene ninguna otra mina o proyecto en todo el planeta». El acuerdo –sostiene– «estaba condicionado a que la Xunta otorgase a la mina a autorización de vertido, pues de lo contrario sería Sacyr el que tendría que asumir los costes de restaurar y clausurar definitivamente la explotación».
Ante «las irregularidades y deficiencias técnicas» del proyecto de vertidos y el hecho de que la propia mina «carece de evaluación de impacto ambiental», Ecoloxistas en Acción califica la decisión de esta semana como «un favorazo», que atribuyen al expresidente gallego Alberto Núñez Feijóo; al ahora titular de la Xunta, Alfonso Rueda; y al vicepresidente económico, Francisco Conde, a los que también –precisa– hará referencia la denuncia.
Según Ecoloxistas, «el carácter delictivo de los hechos no pasará desapercibido al juzgado», pues la organización considera que «el cúmulo de falsedades y vicios del procedimiento de vertidos sólo podía haber llevado a la denegación y archivo de la solicitud», lo que evidencia, concluye el colectivo, «una complicidad sin precedentes de la Administración con el entramado político y empresarial de Sacyr».
