HM lidera las demandas de los hospitales privados contra la Xunta: reclama 5,5 millones

La última batería de informes presentada por el Consello de Contas a finales de julio incluye el análisis de las contrataciones del Sergas tras el estallido de la pandemia, un periodo en el que se destinaron millones a adquirir por procedimiento de urgencia material sanitario con el que hacer frente al Covid. En el análisis que realiza el organismo fiscalizador del impacto en los contratos de la Consellería de Sanidade durante lo más duro de la crisis sanitaria afloran también las demandas presentadas por los hospitales privados que se sintieron perjudicados por la instrucción que les conminaba a mantener a disposición de la Xunta sus medios y equipos, lo que suponía incurrir en gastos que no se correspondían con la actividad real de los centros, cortocircuitada por el propio contexto pandémico. Dicho de otra forma, los grupos sanitarios privados fundamentaron su reclamación en que mantenían sus hospitales «abiertos y a pleno rendimiento», en palabras que utilizó HM Modelo ante el juez, para atender las necesidades del Sergas, pero sin tener su actividad normal, ya que aplazaron intervenciones y consultas con ese mismo objetivo.

El informe de Contas recoge cada una de estas reclamaciones, que, según el documento, fueron 11, de las que permanecen vivas por la vía del contencioso-administrativo nueve. En conjunto, los hospitales privados reclaman casi 15 millones en indemnizaciones a través de estas demandas. La posición de los centros privados era conocida, toda vez que encargaron un estudio a KPMG para cuantificar los perjuicios ocasionados por su disponibilidad durante el Covid e intentaron sin éxito negociar con Sanidade. También se conocía la ausencia en estos procesos judiciales de Ribera Salud (Povisa, Juan Cardona y Polusa), el mayor operador del sector en Galicia y el que acapara la mayoría de ingresos por conciertos con la Xunta.

Las nueve demandas

Sin embargo, la fiscalización de Contas desvela por primera vez las indemnizaciones reclamadas por cada hospital y actualiza la situación de las distintas demandas. Según consta en el documento, HM Hospitales es el grupo que más compensaciones exige, al superar los 5,5 millones. La compañía que preside Juan Abarca reclama una indemnización de 3,4 millones para el Modelo de A Coruña, que adquirió en 2014, y de 2,1 millones para La Rosaleda, el centro compostelano que compró en 2016.

La siguiente cuantía más elevada es la solicitada por el hospital San Rafael de A Coruña, que pide 2,3 millones. Sin embargo, por acumulación, lo supera QuironSalud, al reclamar dos indemnizaciones: de 1,8 millones en su centro de A Coruña y de 1,7 millones en el de Pontevedra, el Miguel Domínguez. El Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo solicita 1,6 millones. Este centro acabó también integrado en Quirón, aunque fue después del estallido de la pandemia, en el año 2021. Vithas, por su parte, reclama 1,1 millones en su hospital de Vigo y los ourensanos Cosaga y El Carmen, ahora integrados en el grupo Recoletas, exigen 327.000 y 266.000 euros respectivamente. Todavía habría otras dos reclamaciones por un valor conjunto de algo más de un millón de euros de Fundación Hospital da Caridade y del Centro Médico Pintado, pero no llegaron a los tribunales tras agotar la vía administrativa.

La Xunta va ganando

Todas las demandas se presentaron tras la negativa de la Xunta por la vía administrativa en los juzgados de lo contencioso 1 y 2 de Santiago. El escrito de alegaciones del Sergas al informe de Contas precisa que cuatro de ellas ya fueron rechazadas en primera instancia y se encuentran a la espera de resolución del recurso de apelación por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Estas cuatro fueron las de El Modelo, Nosa Señora dos Ollos Grandes, El Carmen y Santa Teresa (Quirón Coruña). Cabe señalar que, desde el escrito de Sanidade, se ha emitido al menos una sentencia más, la que desestimó el recurso presentado por Nosa Señora dos Ollos Grandes en el TSXG el pasado mes de junio. Por tanto, sería la única cuya resolución depende del recurso de casación que puede presentar Quirón ante el Tribunal Supremo.

El criterio fijado por la sentencia, al igual que sucede con las de primera instancia, es que la instrucción del Sergas no constituía propiamente una orden ni una intervención de los centros privados, sino una recomendación para los hospitales. Según lo explica el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Santiago ante la demanda del Modelo, «no nos hallamos ante una disposición imperativa, sino ante una simple recomendación de actuación que los centros sanitarios podían libremente aceptar o no«. «El hecho de que se hubiera remitido por mail dicha instrucción (se refiere a la instrucción del Sergas 6/2020 que aplicaba una reordenación asistencial para hacer frente a la pandemia) a todos los centros sanitarios, no implica conferir tenor imperativo a tal disposición (…). No implica que se convierta en una incautación de medios y recursos de dichos centros, no establece una obligación de reprogramación de consultas, pruebas y asistencias, sino que faculta a los centros para acordarlas en caso de que fuere necesario para preservar la salud de los sanitarios y de los pacientes vulnerables», expone la resolución.