De Ponteareas a Culleredo… Cinco concellos bajo la lupa de Contas por “anomalías” en la gestión
Un estudio del Consello de Contas ratifica la existencia de “anomalías” en la gestión diaria, que van del «abuso» de las adjudicaciones a dedo a las resoluciones contrarias a los reparos de Intervención, en los ayuntamientos pontevedreses de Cangas y Ponteareas; los coruñeses de Mugardos y Culleredo; y el ourensano de Xunqueira de Ambía.
El informe especial de comunicaciones, elaborado a raíz de recibir varias denuncias, ha sido publicado en la web de Contas y en el Diario Oficial de Galicia. Lo habitual, de acuerdo con su normativa reguladora, es que el órgano fiscalizador trabaje de oficio, pero a raíz de su reforma en 2015 se incorporó la posibilidad de que el procedimiento se iniciase por acuerdo de su pleno previa comunicación presentada por una persona física o jurídica. Ya se han dado diversas casuísticas.
Resoluciones en Cangas
En el caso de Cangas, se constata, por ejemplo, que entre los ejercicios 2016 y 2019, el Ayuntamiento dictó un total de 108 resoluciones y acuerdos contrarios a los reparos formulados por la Intervención.
De ellos, 17 corresponden a 2016 por importe de 214.721,78 euros; cinco a 2017 por importe de 26.430,07 euros, 36 al ejercicio 2018 por cuantía de casi 2 millones; y 50 a 2019 por 269.325,43 euros.
El motivo del reparo por el órgano del interventor es «siempre», refleja Contas, la omisión en el expediente de trámites esenciales que provocan incumplimientos en contratación: superar las limitaciones existentes para la tramitación del contrato menor, tanto en el límite cuantitativo como en el temporal, prórroga del contrato por consentimiento «tácito» de las partes e incluso la contratación «verbal» en servicios y suministros cuyos importes superan «ampliamente» la cuantía del contrato menor y responden a necesidades periódicas, previsibles y recurrentes.
Contas señala «deficiencias» en los criterios de adjudicación que deberían haberse considerado para elegir al contratista, y, entre otras recomendaciones, se aconseja al Ayuntamiento no considerar como un procedimiento ordinario de gestión la aprobación de acuerdos de reconocimientos extrajudiciales de crédito, el levantamiento de reparos o la adopción de acuerdos contrarios a los informes desfavorables de Intervención.
Contratación de servicios municipales en Ponteareas
En el caso de Ponteareas, en relación a la comunicación de irregularidades en la contratación de servicios municipales, se ha comprobado que en 2019 existieron contratos menores de servicios de mantenimiento, de redacción de proyectos, de elaboración de pliegos de cláusulas administrativas, de suministros o de limpieza, que por su objeto tienen «carácter recurrente» y se van a «repetir en años sucesivos.
Contas también apunta que nueve de las empresas adjudicatarias de contratos menores analizadas superaron en el ejercicio de 2019 los límites establecidos por la normativa vigente.
Asimismo, en este Ayuntamiento se enumeran varios contratos caducados cuya prestación se sigue efectuando sin el correspondiente procedimiento. Entre otros ejemplos, Contas señala que en la prórroga del contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), se comprobó que el primer anuncio de licitación se produjo más de un año después de haber finalizado el plazo del contrato.
Comunicación de Fiscalía sobre Culleredo
En el caso de Culleredo (A Coruña), Contas explica que se realiza un informe sobre posibles irregularidades a la vista de los reparos formulados a facturas relativas a servicios públicos de carácter periódico y previsible, adjudicados mediante contratación verbal o contratos menores. Esta fiscalización tiene su origen en una denuncia remitida a Contas por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de A Coruña en 2019.
Al respecto, el ente hace constar que las cuentas de los años 2016 y 2018 se rindieron sin defectos, si bien la de 2019 se presentó con «defectos graves», ya que la cuenta general de la entidad local no contiene la cuenta anual de la Fundación de Desenvolvemento Local de Culleredo (Fundescu).
Contas subraya que en 2019 se comprobó «una tendencia alcista» del informe del gasto reparado por la Intervención en relación a los años 2017 y 2019, que precisamente son los comunicados en la denuncia. La mayoría se concentraron en materia de contratación pública.
El importe de contratos públicos adjudicados y formalizados en el ejercicio de 2019 fue de 1,5 millones mediante 22 contratos mayores y de 261.583 mediante 71 contratos menores, frente a un gasto en materia de contratación pública reparado y sujeto a acuerdos contrarios a reparos que se aproxima a los 10 millones.
En 2019, añade Contas, se advierte «un abuso» de la contratación mejor y de la adjudicación directa sin procedimiento de contratación, lo que «acrecenta el riesgo de supuestos fraccionamientos de gasto, superación de límites, y elusión de los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad».
Adjudicación directa en Mugardos
En el caso de Mugardos, Contas concluye que el procedimiento de adjudicación más usado en el Ayuntamiento es la adjudicación directa a través del contrato menor, y que no se realiza una planificación «adecuada» ni la comprobación material de la «correcta y completa» ejecución en los plazos establecidos de las prestaciones que se contratan.
Además, recalca que se utiliza la figura de reconocimiento extrajudicial de créditos sin que responda a necesidades excepcionales, extraordinarias y puntuales, «evitando el cumplimiento de la normativa en materia de contratación y convalidando vicios del procedimiento de contratación que puedan incurrir en nulidad de pleno derecho».
Finalmente, en Xunqueira de Ambía (Ourense), Contas hace constar carencias en controles internos sobre pagos y subraya que el Ayuntamiento no dispone «del obligatorio plan de disposición de fondos».
«Tampoco se han aprobado procedimientos para la tramitación de facturas, y no existen políticas contables que garanticen la adecuada contabilización de las facturas aplicando el principio de devindicación», agrega, además de incidir en que no se ha adoptado acuerdo plenario que fije criterios para calcular los saldos de dudoso cobro.
