Una investigación por corrupción en el metro de Bogotá salpica al dueño chino de Puentes

Una investigación por supuestos sobornos a políticos ha enturbiado la construcción del metro de Bogotá y el proceso de adjudicación de miles de millones en contratos para levantar la infraestructura. Las indagaciones, reconocidas por la Fiscalía colombiana, son todavía muy iniciales, pero todos los actores afectados se han apresurado a negar cualquier irregularidad y a recalcar que la contratación de las obras se supervisa de manera independiente y multilateral. Entre los que han emitido comunicados para reivindicar su limpieza está el adjudicatario de la línea 1 del metro de Bogotá, un consorcio chino controlado por China Harbour Engineering Company Limited, filial de CCCC, la compañía que ostenta la mayoría accionarial del grupo gallego Puentes desde hace tres años.

El contrato de la línea 1, valorado en unos 4.000 millones de dólares, da una idea de la magnitud del proyecto, que está contemplado en el plan de la UE para invertir 45.000 millones de inversión en América Latina hasta 2027. De hecho, en la reunión informal del Ecofin en Santiago era el único proyecto claro del plan de inversiones por encontrarse ya avanzado. La investigación de la Fiscalía sale a la luz en un momento delicado, antes de que se adjudique la línea 2 del metro de Bogotá, por la que vuelve a competir el dueño de Puentes, así como las empresas españolas Sacyr, Acciona y CAF.

Teléfono intervenido

La investigación parte de las conversaciones interceptadas de un exempleado del Ministerio de Transporte, José Joaquín Silva Ardila, en las que se alude a sobornos procedentes de China para financiar las campañas del partido Alianza Verde, lo que incluiría la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la de su pareja, la senadora Angélica Lozano. El interlocutor es un ciudadano de origen chino no identificado. A partir de estas conversaciones, la Fiscalía abrió un expediente y compulsó una copia a la Corte Suprema de Justicia al afectar la investigación a personas aforadas.

A ese expediente tuvo acceso la revista Semana, que desveló el contenido de parte de las conversaciones. No hay en ellas referencia directa a CCCC, el dueño de Puentes, pero sí se habla de transferencias de dinero procedentes de China para financiar la campaña de los verdes, del interés de «los chinos» por conseguir más obras y de que «los que ganaron la licitación del metro de Bogotá» quieren comprar una oficina en la ciudad. El informe de la fiscal relata que «estos extranjeros estarían interesados en la construcción de otro tramo del metro, por lo cual habrían girado 6.000 millones de pesos, que irían destinados a la campaña política de los verdes». Y explica: «Se infiere que se trata del partido político Alianza Verde, y de manera específica a la campaña de Lozano, la esposa de la alcaldesa. Ambas mujeres pertenecen a ese partido político».

Las llamadas interceptadas se habrían producido en 2022 en la antesala de las elecciones al Congreso de la República. Tras la publicación de la revista, la Fiscalía emitió un comunicado en el que reconoció la investigación, todavía en fase inicial, de posibles delitos cometidos por «funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Las debilidades del caso

Recibidas con cierto escándalo en la capital colombiana, las revelaciones, en realidad, presentan algunas debilidades a la hora atribuir prácticas corruptas en la adjudicación de las obras del metro de Bogotá. Las más evidente es el marco temporal, pues el macrocontrato que ganó el consorcio de CCCC es de 2019, durante la administración de Enrique Peñalosa, que precedió en el cargo a la actual alcaldesa. En el caso de la línea 2, todavía se adjudicará en el primer semestre de 2024.

Ciertamente, el consorcio chino ha pasado la criba inicial para el contrato de la línea 2, valorado en unos 7.800 millones, alcanzando la fase final del concurso, donde competirá con la alianza entre las españolas Sacyr, Acciona y CAF; la UTE de la portuguesa Mota Engil y el fabricante chino CRRC; y la compañía China Railway Group, también procedente del país asiático.

CCCC y la alcaldesa responden

La alcaldesa de Bogotá respondió a la publicación de los detalles de la investigación judicial calificándola de «difamación» y cuestionando su veracidad. Claudia López enmarca el artículo en una «disputa política» que tiene como objetivo «desprestigiar» el proyecto y sembrar un manto de duda sobre ella y su partido. Más allá de valoraciones, en el comunicado emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá destaca que la única actuación de su Gobierno fue hacer seguimiento y verificar el cumplimiento del contrato de 2019. «Esta Alcaldía le impuso el 9 de junio del presente año una multa por 1.885 millones de pesos (unos 400.000 euros) al concesionario Metro Línea 1 por el incumplimiento en la entrega de la ingeniería de detalle del proyecto», señalaba el documento. El contrato está supervisado por las llamadas Entidades Multilaterales, es decir, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El consorcio chino, controlado en un 85% por CCCC y en un 15% por Xi’an Rail Transportation Group Company Limited, emitió otro comunicado menos pasional, pero en la misma dirección. «Hasta la fecha, nuestra empresa, junto con las accionistas, no ha adquirido ningún inmueble en territorio colombiano. Es fundamental resaltar que los temas abordados en la noticia no tienen ninguna conexión con nuestra organización, que no ha otorgado ni tiene intención de otorgar permiso alguno a terceros para llevar a cabo funciones de delegación y/o representación», señalaba.

Y añadía: «Enfatizamos que ni con la señora alcaldesa Claudia López ni con su entorno, incluyendo su familia o sus vinculaciones políticas de partido, hemos tenido ningún tipo de relación diferente a las propias de la ejecución de nuestras obligaciones contractuales en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá (…) Nuestras estrictas reglas de gobernanza nos impiden radicalmente salirnos del marco contractual de nuestras actividades a la vez que cualquier intervención en política, y así las hemos cumplido».