Contas cree que la Xunta paga de más por las autovías de peaje en sombra: «Podría ahorrar 44 millones»

El Consello de Contas pone la mirada sobre las autovías de peaje en sombra en Galicia y asegura que el sistema de colaboración público-privado puesta en marcha por la administración gallega no ha resultado “eficiente” para las arcas públicas. Lo indica en un informe publicado este jueves y que remitirá al Parlamento autonómico para su debate.

Contas analiza la situación de las autovías AG-56 (Santiago-Brión), AG41 (Autovía do Salnés), AG-11 (Barbanza), AG-31 (Celanova) y AG-55 (Autovía da Costa da Morte). Todas estas infraestructuras son concesiones en las que “una empresa privada construye, financia y explota la autovía”. Sin embargo, los pagos al concesionario son realizados aquí por la administración pública y no por los usuarios, las conocidas como vías de “peaje en sombra”. “Son gratuitas para el usuario, pero no para el contribuyente, puesto que los pagos son realizados con cargo a los presupuestos públicos”, aclara el ente fiscalizador.

En las conclusiones del informe, consultado por Economía Digital Galicia, Contas indica que “la construcción y explotación de autovías mediante concesión por parte de la Xunta de Galicia en la modalidad de peaje en sombra y de canon de disponibilidad no fue eficiente ya que se podrían alcanzar resultados equivalentes a un menor coste. En nuestra opinión, el balance en el uso de estas fórmulas de colaboración público-privada en Galicia presenta deficiencias superiores a sus beneficios”.

El problema de las renegociaciones

Para Contas, el principal problema está en las renegociaciones de pago por peaje en sombra que se llevaron a cabo en tres de las cinco autovías, en concreto en Salnés, Barbanza y Celanova. En el informe indica que “el principal problema es que, con carácter general, estas concesiones resultan caras para la administración”. “En particular, el coste para la administración aumentó ya que, debido a que el tráfico era inferior a lo previsto, se renegociaron (reequilibraron) tres de las cinco concesiones y se incrementaron en 205 millones de euros los pagos a los concesionarios”, expone. En opinión de Contas, la Xunta podría no haber accedido a estas renegociaciones e intentar que la caída de ingresos derivada de un tráfico menor de lo previsto fuese asumida por los concesionarios y por los bancos financiadores, sin aportar más dinero público. Esta postura, indica, “está en línea con sentencias del Tribunal Supremo que denegaron a concesionarios, en casos similares, el derecho a recibir más ingresos por la disminución del tráfico”.

Ante esta situación, Contas recomienda a la Xunta que revise los últimos acuerdos renegociados. “El objetivo debe ser, tal y como estaba previsto en la ley que habilita los reequilibrios, limitar los pagos a las cantidades indispensables para asegurar la viabilidad financiera de los contratos”. “Según nuestro análisis, garantizando esa viabilidad financiera, existen posibilidades de reducir las tarifas abonadas por la administración y generar ahorros en los presupuestos públicos por valor de, cuando menos, 44 millones de euros”.

Las cuentas del ahorro

Contas sostiene que en la Autovía do Salnés la evolución del tráfico y de sus magnitudes contables en los últimos ejercicios es mejor que las previsiones realizadas en el momento de la renegociación del contrato. Por eso, sostiene que la Axencia de Infraestruturas de la Xunta debería “estudiar una revisión del reequilibrio aprobado en 2014, reduciendo el incremento de la tarifa realizado entonces, de un 38%. Del mismo modo, sostiene que a partir de 2032 ese incremento debería quedar sin efecto. Esa supresión de tarifa entre 2033 y 2035, el año en el que finaliza la concesión, “supondría un ahorro en los presupuestos públicos de 7,7 millones de euros”.

Siguiendo unos planteamientos similares, el ente fiscalizador también indica que una renegociación en la autovía do Barbanza que dejase sin efecto el incremento de tarifa aplicado, solo entre los años 2033 y 2036, cuando expira la concesión, “supondría un ahorro en los presupuestos públicos de 17,9 millones de euros”.

En el caso de Celanova, en 2014 se aprobó un incremento de la tarifa abonada por la administración de más de un 70%. En este caso, en 2020 y debido al buen comportamiento del tráfico, se revisó el acuerdo, llegándose a una reducción del 10%. Contas opina que tendría que haber sido mayor teniendo en cuenta los ingresos de la autovía y propone una reducción progresiva hasta 2032 con la que se lograría un ahorro de 18,8 millones de euros.