Cerco a Xeal: un juzgado investigará la venta de la antigua planta de Ferroatlántica en Cee
El juzgado de instrucción número 2 de Santiago ha admitido a trámite la denuncia por la venta de la antigua planta de Ferroatlántica en Cee-Dumbría a Ithaka. Según ha informado la CIG, el juzgado ha efectuado este movimiento después de que el Ministerio Fiscal se mostrase en su informe «favorable a que se investigue un supuesto delito de prevaricación administrativa».
La finalidad de la denuncia, según el comité, «no es otra que la empresa respete la legalidad vigente, los títulos concesionales y la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le obliga tanto al mantenimiento de la actividad industrial como de los puestos de trabajo».
La denuncia del comité de empresa se dirige contra Ferroatlántica, Ithaka, Xallas Electricidad y Aleaciones (Xeal) y la directora de Augas de Galicia (Teresa Gutiérrez). Además, los representantes de los trabajadores han reclamado a la Xunta la remisión de «la copia íntegra» del expediente administrativo que dio lugar a la resolución por la que se autorizó la venta de las fábricas y las diez minicentrales hidráulicas de los ríos Xallas y Grande.
Desde que Ferroatlántica anunció la venta del complejo, la parte social denunció que se trataba de «un fraude cuyo único objetivo era segregar de manera encubierta la producción de ferroaleaciones de la generación eléctrica», recuerda la CIG. «Producir energía es la única actividad en la que tiene interés real el fondo de inversión, por los sustanciosos beneficios que le ofrece y como ejemplo tenemos la central de rebombeo de A Ruña, operación que pretenden realizar con una empresa pantalla que no tiene vinculación con las fábricas», advierte el presidente del comité, Alfonso Mouzo.
En este sentido, insisten en que la operación «atenta contra el espíritu de las concesiones», ya que las fábricas de Cee y Dumbría «pasaron de ser una empresa que formaba parte del grupo Ferroatlántica a convertirse en una subcontrata suya, en una situación de desmantelamiento industrial que a día de hoy nadie puede negar».
Pese a tener, según aseguran, la electricidad «más barata de todas las factorías, gracias a las centrales», solo hay dos hornos de cinco en marcha y «80 empleos directos menos». Mouzo explica que optaron por la vía penal ante «la pasividad reiterada de la Xunta» para requerir a la empresa «que cumpla con las cláusulas esenciales de las concesiones».
